Miseria de una iniciativa con nombre propio:
Más sobre el voto facultativo
(Nueva respuesta a la c. Milagros Ureta)
por Marco Antonio Flores Villanueva.
desde Boston, USA
En reciente artículo titulado “El voto facultativo y la expresión libre y expontánea de los ciudadanos”, la c. Milagros Ureta ofrece nuevos “argumentos” que sustentarían la necesidad de establecer constitucionalmente el voto facultativo.
Pues bien, conviene, muy en primer término, recordar cuál es la verdadera motivación de esta iniciativa, que acaba de recibir la aprobación en la Comisión de Constitución del Congreso, para desnudar su verdadero propósito y demostrar, además, que el debate jurídico creado en torno a este tópico constituye en realidad un disfraz intelectual que se ha llevado de paso el programa aprista en lo tocante a la representación política.
Como ya lo he referido en artículos pretéritos (ver “Frente Social o Congreso Económico Nacional (Respuesta a la c. Milagros Ureta)” y “¿Qué hay detrás del debate en torno al voto facultativo?” en Pueblo Continente www.pueblocontinente.com), existe una gran preocupación en la dirigencia del APRA por el poco poder de convocatoria del Frente Social de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Ello debido a que esa iniciativa lamentablemente está siendo liderada por políticos trajinados y negativamente percibidos por la ciudadanía, fundamentalmente porque el partido está pagando dos errores capitales: El primero, la reiterada resistencia a efectuar una autocrítica al interior del APRA de la gestión gubernamental 1985-1990; y segundo, la reiterada (y yo diría organizada, concertada y bien aceitada) resistencia del partido a renovar a sus proncipales figuras y líderes políticos.
En ese contexto -frustrante para la dirigencia del APRA que está experimentando la apatía ciudadana por un Frente Social liderado por una clase política trasnochada-, es que ha venido como un salvavidas irresponsable la iniciativa del voto facultativo, confiando la dirigencia de Alfonso Ugarte en que el poder de movilización del partido llevará por menos a las urnas a los militantes y simpatizantes del APRA el día de las elecciones.
Esa estrategia cortoplacista, que focaliza su atención en una victoria electoral a toda costa el 2006, no ha dudado ni un momento en dejar de lado astutamente el problema fundamental de la democracia en el Perú, es decir el problema de la representación política (que pasa no solamente por la inclusión de vastos sectores sociales a la vida nacional, sino, y precisamente, por la renovación de la clase política del país), y archivar discretamente la solución planteada por Haya de la Torre en el programa político del APRA desde 1931, cual es la transformación de la democracia liberal de partidos políticos en una funcional, participativa e incluyente de las organizaciones sociales y populares mediante la constitución de un Congreso Económico Nacional, deliberativo y con poder de decisión.
Y para ello ha recurrido al disfraz del “debate jurídico”, meramente enunciativo (“el artículo tal de la Constitución dice esto y debería decir este otro, porque esto no es una obligación sino un derecho”), o a los “argumentos sociológicos”, como los que nos ofrece ahora sorprendentemente la c. Milagros Ureta (el voto obligatorio forzaría “a personas con culturas y religiones distintas a asistir a un acto de votación ajeno a ellos”) o a la “paladina defensa del bolsillo ciudadano” (“la multa por no votar es confiscatoria y limita la capacidad de negociación de los ciudadanos) por una “siempre preocupadísima” clase política representada precariamente en el Congreso Nacional, dicho sea de paso con sueldos exhorbitantes que constituyen una lisura para lo standares universales y para la economía popular.
Todo esto se salto la c. Milagros Ureta con una garrocha del tamaño del oportunismo electorero de la clase política frutrada y enquistada en el APRA, cuando exhibe esta vez argumentos tropicales para defender lo indefendible y para olvidarse, como lo hace la dirigencia del partido, del programa político del APRA.
Dice la buena c. Ureta que el voto obligatorio “forzaría a personas con culturas (sic) y religiones (sic) distintas a un acto de votacíon ajeno a ellos”. Me pregunto: ¿A qué minorías o mayorías religiosas del Perú se refiere la c. Ureta? ¿A qué minorías o mayorías culturales del país se refiere la c. Ureta? ¿Y sobre la base de qué información estadística? Indudablemente que la c. Ureta ha extraído esos argumentos tropicales de algún contexto social totalmente diferente al peruano y por ello no nos extraña el material fotográfico que ilustra su último artículo (ver foto de mujer musulmán).
También nos refiere la c. Ureta que las sanciones a los ciudadanos que no votan son desproporcionadas porque los limita en su capacidad económica y de negociación (ante la SUNAT, ante los tribunales, etc.). En lo segundo podemos coincidir y para ello no sería preciso constituir el voto facultativo para salvarle la vida a los astutos organizadores del Frente Social, sino simplemente derogar las sanciones que limitan el poder de negociación del ciudadano que no votó. En lo que respecta al primer punto, no existe en ninguna legislación del mundo otra sanción imaginativa que no sea la económica para obligar al ciudadano a concurrir a las urnas. Y la exclusión de la sanción económica, aún sin recurrir expresamente al enunciado “el voto es facultativo” en la ley, convertiría automáticamente en voluntaria la facultad de sufragar.
Se ha sugerido en otras latitudes al discutir el tópico relativo a la sanción a los que no votan, la posibilidad de aplicar el trabajo comunal o voluntario (no remunerado) en dependencias del estado (oficinas administrativas o servicios, como por ejemplo hospitales, postas médicas y comisarias) o en instituciones no estatales de servicio comunitario, de acuerdo a la realidad de cada región. O también se ha propuesto la necesidad de concurrir a cursos de ciudadanía y civismo pagados por el sancionado. Pero la efectividad de esas iniciativas están limitadas por su poco o nulo poder coercitivo frente a una posible rebeldía del infractor a cumplir con el trabajo comunal o voluntario o concurrir a los cursos de ciudadania o civismo. Y otra vez la sanción económica emergería como solución final.
La c. Milagros Ureta, además, ha ignorado u olvidado, y por ello no ha enervado, los argumentos a que he aludido puntualmente en mi artículo “¿Qué hay detrás del debate en torno al voto facultativo?” para oponerme a esta irresponsable iniciativa salvavidas de los oportunistas organizadores del Frente Social. Y por ello me obliga a reproducirlo al final de esta entrega, no sin antes referirme a algunos aspectos que aborde en ese artículo para ampliarlos.
En lo que respecta a la nueva discriminación que se originaría de constituirse el voto facultativo, basada en que los que concurrirían a votar (además de los apristas y simpatizantes, según los geniales portavoces de esta propuesta, luego del éxito, en términos de movilización política, del concurrido Mitín de la Fraternidad) serían aquellos que tienen más educación y, por tanto, están más interesados en la política, conviene referirse a algunas cifras que respaldan lo afirmado y que harían palidecer a cualquier defensor del voto femenino rural sobre a base de la iniciativa del sufragio voluntario.
Así tenemos que de acuerdo con la información estadística proporcionada por INEI y Cuánto S.A., en 1997 casi 1.4 millones de peruanos (8.9% de la población) eran analfabetos. De esa cifra 4.4% eran hombres y un significativo 13.2% eran mujeres, marcándose aún más esa diferencia en las zonas rurales. En Apurimac, por ejemplo, las estadísticas señalan que más de la mitad de las mujeres mayores de 15 años serían analfabetas (lo que explica la iniciativa de Haya de la Torre en 1979 de incluir el voto obligatorio de los analfabetos en la Constitución de ese año; dijo él: “sepan o no leer y escribir”.) En ese mismo año un 8.7% de la población no tenía nivel alguno de educación, mientras que casi un tercio solo había alcanzado el nivel de educación primaria. A ello se agrega las persistentes tasas de deserción, repetición y atraso en primaria y secundaria y las desigualdades de acceso y calidad de la educación peruana, puesta de manifiesto especialmente en las zonas urbano-rurales. ¿Cuántos de estos ciudadanos irían a las urnas si el voto es facultativo?
A mayor abundamiento, en una encuesta sumamente interesante realizada en noviembre de 1994 por el Foro Agenda Perú en el interior del país, se preguntó a los entrevistados acerca de la principal característica de la democracia. ¡¡¡21.2% se abstuvo de opinar!!! ¡¡¡37.9% mencionó el derecho al voto además de la libertad de expresión!!!! Cuando se les ofreció opciones a escoger para conceptuar la democracia, la respuesta “que haya elecciones” obtuvo el primer lugar con un 34.2%, mientras que otras opciones como por ejemplo la existencia de partidos políticos fuertes quedaron absolutamente relegadas. ¿Cuántos ciudadanos de los que se abstuvieron en opinar harían los mismo de constituirse el voto facultativo?
En lo que se refiere al problema que se crearía con el voto facultativo, que colocaría en mejores condiciones que sus rivales a los candidatos con mayores recursos económicos porque tendrían más poder económico para movilizar a los ciudadanos en un país tan pauperizado como el Perú, con una población marginal mayoritaria y dispuesta a una retribución material inmediata, esa iniciativa terminaría por legalizar el tráfico de voluntades o la compra-venta del sufragio, colocando el acto eleccionario en el triste campo de la subasta pública. ¿Quiénes serían los primeros beneficiarios de esta abominable propuesta? La clase política peruana, por supuesto, que con sueldos astronómicos, singulares para el mercado nacional e internacional, estarían en inmejorables condiciones para reelegirse indefinidamente, con buenas o malas artes.
Finalmente, es preciso recordar que entre las recomendaciones que formuló el programa de democratización propuesta por la Comisión de la OEA figura una muy importante y aplicable al caso que nos ocupa: Toda reforma del sistema electoral debería ser realizada en un período distante, lejano de un proceso electoral, para evitar precisamente manipulaciones políticas o electoreras que pierden de vista la urgente necesidad de perfeccionar la democracia de una manera responsible por la insensatez de privilegiar los interes de corto plazo.
El corolario es pues el mismo a que aludí en mi última entrega sobre el voto facultativo, y lo reitero en vista que Milagros Ureta (aún abrigo las esperanzas, porque soy optimista) es militante aprista: El problema de la representación política en el Perú no es uno de carácter cuantitativo que pueda definirse en términos de la concurrencia o no al acto de sufragio, ya sea para fortalecer la democracia asistiendo a votar o para sancionar a la clase política desistiéndose de sufragar. El problema de la representación política es uno cuya solución incluyente pasa por preguntarse, primero, qué tipo de democracia queremos nosotros construir y por ese camino abordar el tema en términos cualitativos. Para el caso que nos ocupa, el enfoque cualitativo privilegia la participación ciudadana mediante una necesaria y urgente reestructuración del poder político en el Perú. Es decir, el paso de una democracia exclusiva y excluyente de partido políticos hacia una democracia más plural y funcional de partidos políticos renovados y de organizaciones civiles y populares.
En ese sentido, el APRA, c. Milagros Ureta, recuerde usted, ha propuesto desde su fundación la necesidad de abordar el problema de la representación política en términos cualitativos. El Partido del Pueblo, desde sus inicios, ha sugerido por ello la constitución de un Congreso Económico Nacional, no solamente para convocar en un foro deliberante y, subrayo, decisorio a los vastos sectores de la sociedad civil que hoy carecen de representación en la vida nacional (sindicatos, universidades, colegios profesionales y organizaciones populares, entre otros), reestructurando así el poder político en el Perú, hoy en manos de una clase política incapaz y desprestigiada, sino también para que, desde esa nueva, vigoroza y auténtica legitimidad política que garantice estabilidad, reorganizar la producción bajo la égida de un programa social de desarrollo, común y concertado con todas las fuerza productivas del país.
Ese es el abc del Aprismo. Lo demás son tristes estrategias, juegos artificiales, bufonadas que solo reflejan la miseria de una clase política sin imaginación, interesada, irresponsable y sin moral, que a toda costa y con astutas iniciativas criollas y cortoplazistas busca el poder por el poder, para usufructuarlo vil y permanentemente sin preocuparse en lo más mínimo por la gobernabilidad y el desarrollo del país.
Boston, 1 de Abril del 2005
marcoludmila@msn.com
Anexo publicado en “Pueblo Continente” (www.pueblocontinente.com):
¿Qué hay detrás del debate
en torno al voto facultativo?
por Marco Antonio Flores Villanueva,
desde Boston, USA
El debate en torno al voto facultativo ha despertado interés en el país. Al interior del partido esa iniciativa ha sido propuesta por el congresista Aurelio Pastor Valdivieso y ha merecido la oposición de Javier Barreda en un reciente e interesante artículo.
Pues bien, llama profundamente la atención la posición asumida por el Aprismo, manifestada en las opiniones, respetables por cierto, de los compañeros Pastor y Barreda. El primero por acción y el segundo por omisión. Me explico:
Existen, congresista Pastor, poderosas razones para oponerse al voto facultativo en un país como el Perú, con una democracia débil y un alarmante nivel de pobreza. Precisamente Arend Lijhart en un interesante artículo titulado “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma”, publicado en la revista American Science Review, volúmen 91, número 1 de Marzo de 1997, se ha referido a tres razones fundamentales que ligados a estas dos características del Perú de hoy, es decir débil democracia y alarmante pobreza, se asocian para enervar la iniciativa del voto facultativo. La primera de ellas es que los que concurrirán a votar serán aquellos que tienen más educación y, por tanto, están más interesados en la política. Afirma Lijhart, con fundamento, que ello no solamente creará una nueva y odiosa desigualdad sino que además constituye un factor discriminatorio porque en este específico caso la educación se convierte en un elemento condicionante para ser ciudadano, tal como lo fue la propiedad en el siglo XIX. En segundo término está el factor dinero. Con el voto facultativo aquellos candidatos que cuenten con mayor poder económico se encontrarán en mejores condiciones que sus rivales para movilizar a los ciudadanos y llevarlos a las urnas. En un país tan pauperizado como el Perú en el que las necesidades básicas no han sido cubiertas, una retribución económica para conseguir el voto del ciudadano no constituye un panorama irreal sino peligrosamente cierto y perfectamente posible. Recuérdese en este punto como hace unos meses atrás en el distrito de La Victoria elementos antisociales fueron “contratados” por inescrupulosos para asesinar y matar por la posición de un miserable mercado. La suma que se les pagó fue de 10 soles, el precio de su pobreza y su desesperación por una retribución inmediata, evidentemente. Finalmente, la consagración del voto voluntario llevaría a la población a privilegiar las campañas políticas que enfatizan más el elemento “derecho” más que el elemento “obligación”. En un país políticamente convulsionado como el Perú, urgido de ayuda, de solidaridad, de participación, es decir de todas esas iniciativas que solamente pueden ser convocadas hoy a través de una acción coercitiva, el énfasis en los derechos de un ciudadano –y no en las obligaciones que son pocas- representarán un incentivo para el debilitamiento de la escasa autoridad a duras penas constituída o la indeferente actitud ante las dificultades comunes que afectan a la nación.
Pobreza y débiles democracias son un contexto en los que no se asienta el voto facultativo. Las democracias más avanzadas que lo han consagrado son precisamente las democracias que gozan de estabilidad económica, lo que ha permitido a sus ciudadanos superar la pobreza y vivir en una sociedad que les ofrece los recursos necesarios para crecer económicamente, socialmente y culturalmente. Y sin embargo en esas sociedades boyantes se incentiva a los ciudadanos a concurrir a las urnas, mediante campañas publicitarias pagadas unas por el estado y otras por los propios ciudadanos que son, además, aquellos que las promueven.
Todo esto y más, como veremos líneas abajo y que considero lo esencial, no ha sido ponderado por el congresista Pastor al presentar su iniciativa.
Y en cuanto a lo expresado por Javier Barreda, difícilmente podríamos oponernos a sus argumentos. El problema está en aquello que NO ha dicho, y en ello peca al igual que el congresista Pastor, sintomáticamente ambos militantes del Partido del Pueblo.
Y me refería a la militancia política de ambos personajes porque desde 1931 el APRA tiene pergeñada una propuesta que constituye la panacéa a un problema más profundo y que hoy se pretende resolver apoyando o no el voto facultativo, defendiendo u oponiéndose al voto obligatorio.
Ambas propuestas parten de una misma lógica que debería ser superada, y cuanto antes mejor. El tema de la representación no será resuelto con el sancionatorio ausentismo destinado a penalizar el negativo accionar de la decrépita clase política peruana, o con el mecánico sufragio efectivo para fortalecer un sistema de representación que ha dejado de expresar la realidad política del Perú. Reducir, otra vez, el problema de nuestra democracia a una ilógica consagrada en los números es reincidir en una solución que se limita a cuantificar las posibilidades de la representación ciudadana antes que focalizar en la calidad de democracia que queremos construir, léase una diferente a la que actualmente sufrimos.
No se trata pues de llevar de las narices al ciudadano para que vote como un autómata, sí o sí, por un sistema representativo que no lo convence, ni de ofrecerle a la clase política la oportunidad de rasgarse las vestituras ante una iniciativa “anárquica” que buscaría “terminar con la democracia”, como consecuencia directa del numérico ausentismo en las urnas. Ambas soluciones conceptuan al ciudadano como un guarismo en la estadística y la legitimidad como un producto de ella. Ambas soluciones limitan la participación del ciudadano común al sufragio efectivo y al poder de la democracia en el número de los votos.
De lo que se trata entonces es de ofrecerle al ciudadano un sistema de representación diferente, que le permita convertirse en protagonista del drama político no solamente a través del sufragio sino también mediante una democracia cualitativamente más efectiva y verdaderamente legítima que lo convoque, sí, pero además lo integre a la vida política nacional.
En ese sentido, no se explica el limitado razonamiento del congresista Pastor y de su ocasional oponente Barreda, ambos militantes del APRA, si desde 1931 el Partido del Pueblo tiene las herramientas programáticas para resolver el problema de la representatividad política que vive el país y que no pasa por la consagración o no del voto obligatorio o facultativo. Pasa, señores Pastor y Barreda, por la reestructuración del poder político en el Perú.
El APRA ha propuesto desde su fundación la necesidad de abordar el problema de la representación política en términos cualitativos. El Partido del Pueblo, desde sus inicios, ha sugerido por ello la constitución de un Congreso Económico Nacional, no solamente para convocar en un foro deliberante y, subrayo, decisorio a los vastos sectores de la sociedad civil que hoy carecen de representación en la vida nacional (sindicatos, universidades, colegios profesionales y organizaciones populares, entre otros), reestructurando así el poder político en el Perú, hoy en manos de una clase política incapaz y desprestigiada, sino también para que, desde esa nueva, vigoroza y auténtica legitimidad política que garantice estabilidad, reorganizar la producción bajo la égida de un programa social de desarrollo, común y concertado con todas las fuerza productivas del país.
Por ello sorprende ingratamente que el voto facultativo suscite en los apristas un innecesario debate, inocuo para el problema que pretende resolver que es el tema profundo de la representación política en el país.
En ese orden de ideas, las iniciativas parlamentarias del partido en torno a la reforma constitucional deberían estar precedidas por la propuesta urgente destinada a reestructurar el poder político en el Perú a través de la constitución del Congreso Económico Nacional.
Por lo demás, auspiciar en el parlamento esa iniciativa real de cambio político sería la mejor prueba que el Aprismo actua consecuentemente con su propuesta de un Frente Social, hasta hoy relegada en sus propósitos a un triunfo electoral pero que no garantiza cambios en la estructura de poder en la escena política nacional.
Boston, 13 de marzo del 2005
