TLC: Normatividad laboral y medidas urgentes
Por Marco Antonio Flores Villanueva,
desde Boston, USA
A menos de 15 días para finalizar el mes de junio, fecha en que expirará el denominado “fast-track authority” de que goza el presidente de los Estados Unidos George W. Bush, lo que le permite negociar tratados comerciales con la aprobación sin enmiendas de esos acuerdos por el Senado, el controvertido Tratado de Libre Comercio con el Perú no ha sido aún aprobado por la cámara alta del gran país del norte.
Desde la elección de un congreso mayoritariamente demócrata en la últimas justas de noviembre, las posibilidades del gobierno Perú de ver aprobados los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos se vieron significativamente reducidas. Ya en la campaña previa a esa elección los candidatos del Partido Demócrata, casi unánimente, mostraron su disposición de oponerse a la aprobación de nuevos tratados de libre comercio.
El mayor reparo de lo congresitas demócratas, presionados por su amplia e influyente plataforma sindical, descansaría en el sistema de condiciones y compromisos laborales que, a criterio de los demócratas, deberían ajustarse a los standares internacionales; mientras los republicanos exigen al país contratante únicamente el cumplimiento estricto de sus leyes laborales vigentes.
Si lo primero, es decir la propuesta demócrata, el perjudicado sería el Perú, porque las disputas por el incumplimiento de los standares laborales internacionales se tendrían que contraer necesariamente a los acuerdos que tengan suscritos los países contratantes con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero resulta que los Estados Unidos -como lo han reconocido recientemente dos renombrados especialistas americanos en la materia, Stuart E. Eizenstat y Marney L. Cheek (*) -, no ha suscrito importantes convenios de la OIT que consagran derechos sociales fundamentales de la clase trabajadora y por lo tanto, legalmente, no está obligado a cumplir con esas normas internacionales.
Si lo segundo, es decir la propuesta republicana, el Perú tendría lógicamente que adaptar sus normas laborales a un mercado internacional que le exige, a criterio de los standares impuestos por los Estados Unidos alrededor del globo, mayor flexibilidad en su normatividad, léase menos derechos laborales para los trabajadores del Perú.
Por ello llama profundamente la atención, primero, que el Ministerio de Trabajo de la administración Garcia no haya puesto reparos en este aspecto de la normatividad laboral del TLC, tan significativo para el futuro y la supervivencia de la clase trabajadora del país y sus derechos sociales inalienables.
Y segundo, que la administración García se haya limitado a anunciar al país, con un pragmatismo ignorante e indolente, que si el TLC no funciona para el Perú el país simplemente se sustraerá de sus alcances. Como si aquello fuera así de fácil, sin recibir sanciones comerciales y cargar luego con los millones de perdedores por ese “error de cálculo” que serán, en su gran mayoría, no cabe la menor duda, los pobres del Perú
Por lo demás, y vale señalarlo, éste es un acuerdo comercial que desde sus orígenes ha pecado y mortalmente. Porque el Perú acudió no solamente disminuído sino también improvisadamente a la mesa de negociaciones del TLC, urgidos por los términos. Y, además, con el agravante de no haber diseñado una agenda común con los países andinos sobre la base, primero, de planes estratégicos de integración comercial y la armonización de políticas económicas consensuadas, iniciativas que debieron materializarse antes de iniciarse esa negociación. Y concurrir a la negociación del TLC sin un proyecto nacional y un mapa económico de las necesidades urgentes del país bajo el brazo, resulta por lo demás absolutamente monstruoso, irresponsable, antitécnico y aventurero. Una negociación que, en fin, también resultó escandalosa (recuérdese el “negociador” peruano que terminó siendo contratado por una corporación americana).
A estas alturas ya resulta difícil, pero no imposible, la aprobación del TLC por el Senado de los Estados Unidos. La cámara alta del país del norte se encuentra muy ocupada con la reforma de la controvertida Ley de Inmigración y la presión de la opinión pública americana, profundamente dividida, en torno a ese proyecto de ley.
Pero si ello ocurriera, si el TLC se aprueba, la clase laboral del Perú se verá gravemente afectada en sus derechos laborales y no podrá esperanzarse a un angustioso y desorganizado retroceso de la administración García.
Lo que la clase trabajadora necesitará, en ese hipotético escenario de aplicación del TLC, es de la urgente constitución de un organismo centralizador, que dicte políticas económicas nacionales y concertadas destinadas a enfrentar con criterio técnico las graves distorsiones de la economía nacional que podrían derivarse del TLC.
Y otra razón más que justificada para exigir al señor García y a la clase política del país no un congreso bicameral que ofrezca nuevos puestos de “trabajo” a la obsoleta e improvisada clase política del país, sino un Congreso Económico Nacional que, para el caso que nos ocupa, se convertirá en una garantía de salvaguarda de los interes nacionales y los derechos inalienables de la clase trabajadora del Perú.
Boston, 16 de junio del 2007
marcoludmila@msn.com
www.marcofloresvillanueva.blogspot.com
www.paginaslibres.blogspot.com
www.pueblocontinente.com
(*) Stuart E. Eizenstat y Marney L. Cheek: “Ending the Trade War in Washington”, en Foreign Affairs, May-June 2007.
Por Marco Antonio Flores Villanueva,
desde Boston, USA
A menos de 15 días para finalizar el mes de junio, fecha en que expirará el denominado “fast-track authority” de que goza el presidente de los Estados Unidos George W. Bush, lo que le permite negociar tratados comerciales con la aprobación sin enmiendas de esos acuerdos por el Senado, el controvertido Tratado de Libre Comercio con el Perú no ha sido aún aprobado por la cámara alta del gran país del norte.
Desde la elección de un congreso mayoritariamente demócrata en la últimas justas de noviembre, las posibilidades del gobierno Perú de ver aprobados los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos se vieron significativamente reducidas. Ya en la campaña previa a esa elección los candidatos del Partido Demócrata, casi unánimente, mostraron su disposición de oponerse a la aprobación de nuevos tratados de libre comercio.
El mayor reparo de lo congresitas demócratas, presionados por su amplia e influyente plataforma sindical, descansaría en el sistema de condiciones y compromisos laborales que, a criterio de los demócratas, deberían ajustarse a los standares internacionales; mientras los republicanos exigen al país contratante únicamente el cumplimiento estricto de sus leyes laborales vigentes.
Si lo primero, es decir la propuesta demócrata, el perjudicado sería el Perú, porque las disputas por el incumplimiento de los standares laborales internacionales se tendrían que contraer necesariamente a los acuerdos que tengan suscritos los países contratantes con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero resulta que los Estados Unidos -como lo han reconocido recientemente dos renombrados especialistas americanos en la materia, Stuart E. Eizenstat y Marney L. Cheek (*) -, no ha suscrito importantes convenios de la OIT que consagran derechos sociales fundamentales de la clase trabajadora y por lo tanto, legalmente, no está obligado a cumplir con esas normas internacionales.
Si lo segundo, es decir la propuesta republicana, el Perú tendría lógicamente que adaptar sus normas laborales a un mercado internacional que le exige, a criterio de los standares impuestos por los Estados Unidos alrededor del globo, mayor flexibilidad en su normatividad, léase menos derechos laborales para los trabajadores del Perú.
Por ello llama profundamente la atención, primero, que el Ministerio de Trabajo de la administración Garcia no haya puesto reparos en este aspecto de la normatividad laboral del TLC, tan significativo para el futuro y la supervivencia de la clase trabajadora del país y sus derechos sociales inalienables.
Y segundo, que la administración García se haya limitado a anunciar al país, con un pragmatismo ignorante e indolente, que si el TLC no funciona para el Perú el país simplemente se sustraerá de sus alcances. Como si aquello fuera así de fácil, sin recibir sanciones comerciales y cargar luego con los millones de perdedores por ese “error de cálculo” que serán, en su gran mayoría, no cabe la menor duda, los pobres del Perú
Por lo demás, y vale señalarlo, éste es un acuerdo comercial que desde sus orígenes ha pecado y mortalmente. Porque el Perú acudió no solamente disminuído sino también improvisadamente a la mesa de negociaciones del TLC, urgidos por los términos. Y, además, con el agravante de no haber diseñado una agenda común con los países andinos sobre la base, primero, de planes estratégicos de integración comercial y la armonización de políticas económicas consensuadas, iniciativas que debieron materializarse antes de iniciarse esa negociación. Y concurrir a la negociación del TLC sin un proyecto nacional y un mapa económico de las necesidades urgentes del país bajo el brazo, resulta por lo demás absolutamente monstruoso, irresponsable, antitécnico y aventurero. Una negociación que, en fin, también resultó escandalosa (recuérdese el “negociador” peruano que terminó siendo contratado por una corporación americana).
A estas alturas ya resulta difícil, pero no imposible, la aprobación del TLC por el Senado de los Estados Unidos. La cámara alta del país del norte se encuentra muy ocupada con la reforma de la controvertida Ley de Inmigración y la presión de la opinión pública americana, profundamente dividida, en torno a ese proyecto de ley.
Pero si ello ocurriera, si el TLC se aprueba, la clase laboral del Perú se verá gravemente afectada en sus derechos laborales y no podrá esperanzarse a un angustioso y desorganizado retroceso de la administración García.
Lo que la clase trabajadora necesitará, en ese hipotético escenario de aplicación del TLC, es de la urgente constitución de un organismo centralizador, que dicte políticas económicas nacionales y concertadas destinadas a enfrentar con criterio técnico las graves distorsiones de la economía nacional que podrían derivarse del TLC.
Y otra razón más que justificada para exigir al señor García y a la clase política del país no un congreso bicameral que ofrezca nuevos puestos de “trabajo” a la obsoleta e improvisada clase política del país, sino un Congreso Económico Nacional que, para el caso que nos ocupa, se convertirá en una garantía de salvaguarda de los interes nacionales y los derechos inalienables de la clase trabajadora del Perú.
Boston, 16 de junio del 2007
marcoludmila@msn.com
www.marcofloresvillanueva.blogspot.com
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(*) Stuart E. Eizenstat y Marney L. Cheek: “Ending the Trade War in Washington”, en Foreign Affairs, May-June 2007.
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