¿Bicameralidad o Congreso Económico Nacional? ¿Democracia Republicana o Funcional?
Por Marco Antonio Flores Villanueva,
Hace unas semanas la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, presidida por Aurelio Pastor, aprobó el proyecto inocuo y republicano de la bicameralidad, o el retorno de la Cámara de Senadores, con el respaldo de los legisladores apristas integrantes de esa comisión, quienes han anunciado, con sus públicas declaraciones en torno a ese proyecto y recogidas por la prensa del país, el inicio de la “modernización política” del estado (?).
La propuesta no resulta sorprendente para quienes militamos en el APRA, porque reitera, una vez más, lo que hemos venido señalando una y otra vez, es decir, primero, que la dirección política del partido se encuentra totalmente divorciada de los orígenes históricos del APRA, como un movimiento llamado a restructurar el poder político del país; y, segundo, que los líderes apristas representantes del congreso nacional y voceros del Ejecutivo y su presidente, se encuentran absolutamente desinformados del proceso político inicial que permitió a otros países del orbe a alcanzar, luego, el desarrollo económico y el bienestar de sus pueblos.
En cuanto al primer punto, resulta necesario, otra vez, reiterar argumentos pretéritos para recordar a la Célula Parlamentaria (¿Aprista?) que el proyecto de bicameralidad es ajeno a los orígenes y las propuestas políticas del APRA. Nuestro proyecto fue y ha sido el de modernizar la política peruana, lo que implica necesariamente su reestructuración a través de la incorporación de vastos sectores de la sociedad a las tareas del estado.
Ese propósito no se ha logrado en casi 186 años de vida republicana ni se logrará mediante la democracia liberal y exclusiva de los partidos políticos, falaz y excluyente, con o sin Senado, sino mediante un nuevo tipo de democracia funcional, participativa y plural, enunciada por Haya de la Torre como un nuevo poder político. Me estoy refiriendo concretamente al Congreso Económico Nacional. Ese es el “abc” del Aprismo de ayer y también de hoy, de cara al problema al tema de la modernización del estado.
Lo contrario sería suscribir otras posiciones políticas que se alejan de los principios transformadores del Aprismo.
Por Marco Antonio Flores Villanueva,
Hace unas semanas la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, presidida por Aurelio Pastor, aprobó el proyecto inocuo y republicano de la bicameralidad, o el retorno de la Cámara de Senadores, con el respaldo de los legisladores apristas integrantes de esa comisión, quienes han anunciado, con sus públicas declaraciones en torno a ese proyecto y recogidas por la prensa del país, el inicio de la “modernización política” del estado (?).
La propuesta no resulta sorprendente para quienes militamos en el APRA, porque reitera, una vez más, lo que hemos venido señalando una y otra vez, es decir, primero, que la dirección política del partido se encuentra totalmente divorciada de los orígenes históricos del APRA, como un movimiento llamado a restructurar el poder político del país; y, segundo, que los líderes apristas representantes del congreso nacional y voceros del Ejecutivo y su presidente, se encuentran absolutamente desinformados del proceso político inicial que permitió a otros países del orbe a alcanzar, luego, el desarrollo económico y el bienestar de sus pueblos.
En cuanto al primer punto, resulta necesario, otra vez, reiterar argumentos pretéritos para recordar a la Célula Parlamentaria (¿Aprista?) que el proyecto de bicameralidad es ajeno a los orígenes y las propuestas políticas del APRA. Nuestro proyecto fue y ha sido el de modernizar la política peruana, lo que implica necesariamente su reestructuración a través de la incorporación de vastos sectores de la sociedad a las tareas del estado.
Ese propósito no se ha logrado en casi 186 años de vida republicana ni se logrará mediante la democracia liberal y exclusiva de los partidos políticos, falaz y excluyente, con o sin Senado, sino mediante un nuevo tipo de democracia funcional, participativa y plural, enunciada por Haya de la Torre como un nuevo poder político. Me estoy refiriendo concretamente al Congreso Económico Nacional. Ese es el “abc” del Aprismo de ayer y también de hoy, de cara al problema al tema de la modernización del estado.
Lo contrario sería suscribir otras posiciones políticas que se alejan de los principios transformadores del Aprismo.
Recordemos, por ejemplo, las proyectos de “modernización” desde las “derechas” del Perú que, inclusive, se autodenominaban “democracias funcionales”. Así, García Calderón en 1907, se había referido a la necesidad de constituir una “cámara funcional”. Luego, en 1915 Riva-Aguero (durante su período liberal) y su Partido Nacional Democrático lo plantea nuevamente en su declaración de principios. Y en materia constitucional, no olvide el lector que la carta de 1920 consagra un Consejo de Estado con la participación de organismos técnicos y representaciones sociales con criterio “funcional”. Como se recordará Leguía dejó sin efecto esa norma.
Posteriormente, y a raíz de la convocatoria para el debate de la Constitución del 1931, la Comisión Villarán contempló la creación de un “Senado Regional” “alejado (según Basadre, miembro de esa comisión) de las intrigas políticas”.
Durante ese debate constitucional Víctor Andrés Belaunde lanzó la idea de un “Senado Funcional”, incorporado al texto constitucional, en contra de la tésis aprista de un “Estado Funcional Integral” (ver “Diario de Debates”, o “El Debate Constitucional” de V.A. Belaunde, o “Izquierda Aprista” de Manuel Seoane).
Sobre el particular el “cachorro” Seoane fue enfático y señaló, para el récord histórico e ilustración de la actual CPA, lo siguiente: “Tenemos que estar en contra de un senado funcional porque estamos a favor del régimen funcional integral”. Seoane conceptuaba el Congreso Económico Nacional como una propuesta de cambio social a través de la reestructuración y redimensionamiento del poder político en el Perú, con la participación y el concierto de las fuerzas productoras del país.
En 1962 el APRA presentó por primera vez un nuevo proyecto de CEN como “organismo consultivo”, independiente de los poderes del estado. Pero entendámonos: Es 1962, una realidad política y social que se diferencia sustancialmente de la crisis de representatividad y legitimidad política que enfrenta y continua agobiando al Perú del 2007, con una clase política desbordada por otros actores sociales que reclaman, con derecho, el lugar que no les ofrece, porque los excluye, la falaz democracia liberal de los partidos políticos.
17 años más tarde fue el propio Haya de la Torre, al final de su vida, como presidente de la Asamblea Constituyente de 1979 y preocupado por la crisis de representatividad del país, quien propuso la inclusión del Congreso Económico Nacional en la carta magna que se debatía entonces, iniciativa que se vió frustrada por la alianza contranatura de la derecha peruana con el comunisno criollo.
De modo que, en lo político, y sobre la base del análisis histórico reseñado líneas arriba, podemos concluir que el proyecto de la bicameralidad prueba, una vez más, el proceso de reorientación programática que, interesadamente, viene siendo conducida por la oficialidad del Aprismo, rendidos a los parámetros liberales que han frustrado en el ascenso de nuevas fuerzas sociales y la transformación real del poder político en el Perú.
Y en cuanto a lo segundo, experiencias pretéritas importantes y señeras en la historia universal han confirmado que ningún país que haya alcanzado su desarrollo lo hizo a través de su clase política tradicional. Todos ellos experimentaron primero una verdadera y profunda transformación política antes de iniciar su despegue económico. No al revés.
Y todos ellos fundaron su desarrollo sobre la base de nuevos sistemas organizativos institucionales, abiertos y verdaderamente democráticos, con la efectiva participación ciudadana en el planeamiento de políticas públicas consensuadas que beneficiaron a todos los sectores y a la nación en su conjunto. Lo hizo la Inglaterra preindustrial y alumbró al mundo la primera democracia organizativa, con un parlamento que generó nuevas ideas y que produjo una revolución técnica y económica de la mano con su pueblo y sin parangón en la historia universal. Ocurrió en los Estados Unidos, cuya clase política construyó también un sistema institucional plural, que protegió sin privilegios ni prebendas la iniciativa privada, lo que permitió la emergencia de una poderosa economía basada en el perfeccionamiento técnico de su industria con los excedentes de la tierra. Sucedió también en la China postmaoísta cuyo cambio de liderazgo politico, interpretado como una revolución política al interior del régimen, permitió la progresiva y selectiva apertura de su economía al mercado mundial, privilegiando sin embargo el desarrollo nacional sobre la base de políticas económicas que se diferenciaron largamente de aquellas aplicadas en la rusa postsoviética.
En suma, nuevos actores políticos y sociales reorientaron la producción de sus países. Y todo ello fue posible gracias a una primera transformación política real y profunda, que pudo dar paso, luego, a la reinvención de la economía de esas naciones.
El Congreso Económico Nacional tiene, precisamente, ese doble propóposito, político (la reestructuración del poder político en el Perú) y económico (la reorganización de la producción). Si la modernización de la política y la economía es la preocupación del Ejecutivo y sus representantes en el Legislativo, habría que convenir que el Congreso Económico Nacional debió ser su proyecto y no otro.
Por todo ello cabe reiterar, porque el proyecto de la bicameralidad así lo revela y ratifica, la necesidad de debatir urgentemente la línea política del Aprismo en el seno de un congreso nacional verdaderamente democrático y plural.
La actualización del Aprismo es indudablemente un imperativo histórico, pero esa tarea no puede llevarse a cabo con un partido secuestrado por una oficialidad que se niega rotundamente, y en todos los idiomas, a convocar un congreso nacional ideológico y programático. Tampoco puede llevarse a cabo a remolque de los acontecimientos políticos, de las opiniones que sobre el particular manifiestan aisladamente los líderes del Aprismo, o de las inocuas o pasadistas iniciativas de una célula parlamentaria evidentemente congelada en el tiempo y conspicua representante de una clase política obsoleta.
Boston, 4 de junio del 2007
marcoludmila@msn.com
www.marcofloresvillanueva.blogspot.com
Posteriormente, y a raíz de la convocatoria para el debate de la Constitución del 1931, la Comisión Villarán contempló la creación de un “Senado Regional” “alejado (según Basadre, miembro de esa comisión) de las intrigas políticas”.
Durante ese debate constitucional Víctor Andrés Belaunde lanzó la idea de un “Senado Funcional”, incorporado al texto constitucional, en contra de la tésis aprista de un “Estado Funcional Integral” (ver “Diario de Debates”, o “El Debate Constitucional” de V.A. Belaunde, o “Izquierda Aprista” de Manuel Seoane).
Sobre el particular el “cachorro” Seoane fue enfático y señaló, para el récord histórico e ilustración de la actual CPA, lo siguiente: “Tenemos que estar en contra de un senado funcional porque estamos a favor del régimen funcional integral”. Seoane conceptuaba el Congreso Económico Nacional como una propuesta de cambio social a través de la reestructuración y redimensionamiento del poder político en el Perú, con la participación y el concierto de las fuerzas productoras del país.
En 1962 el APRA presentó por primera vez un nuevo proyecto de CEN como “organismo consultivo”, independiente de los poderes del estado. Pero entendámonos: Es 1962, una realidad política y social que se diferencia sustancialmente de la crisis de representatividad y legitimidad política que enfrenta y continua agobiando al Perú del 2007, con una clase política desbordada por otros actores sociales que reclaman, con derecho, el lugar que no les ofrece, porque los excluye, la falaz democracia liberal de los partidos políticos.
17 años más tarde fue el propio Haya de la Torre, al final de su vida, como presidente de la Asamblea Constituyente de 1979 y preocupado por la crisis de representatividad del país, quien propuso la inclusión del Congreso Económico Nacional en la carta magna que se debatía entonces, iniciativa que se vió frustrada por la alianza contranatura de la derecha peruana con el comunisno criollo.
De modo que, en lo político, y sobre la base del análisis histórico reseñado líneas arriba, podemos concluir que el proyecto de la bicameralidad prueba, una vez más, el proceso de reorientación programática que, interesadamente, viene siendo conducida por la oficialidad del Aprismo, rendidos a los parámetros liberales que han frustrado en el ascenso de nuevas fuerzas sociales y la transformación real del poder político en el Perú.
Y en cuanto a lo segundo, experiencias pretéritas importantes y señeras en la historia universal han confirmado que ningún país que haya alcanzado su desarrollo lo hizo a través de su clase política tradicional. Todos ellos experimentaron primero una verdadera y profunda transformación política antes de iniciar su despegue económico. No al revés.
Y todos ellos fundaron su desarrollo sobre la base de nuevos sistemas organizativos institucionales, abiertos y verdaderamente democráticos, con la efectiva participación ciudadana en el planeamiento de políticas públicas consensuadas que beneficiaron a todos los sectores y a la nación en su conjunto. Lo hizo la Inglaterra preindustrial y alumbró al mundo la primera democracia organizativa, con un parlamento que generó nuevas ideas y que produjo una revolución técnica y económica de la mano con su pueblo y sin parangón en la historia universal. Ocurrió en los Estados Unidos, cuya clase política construyó también un sistema institucional plural, que protegió sin privilegios ni prebendas la iniciativa privada, lo que permitió la emergencia de una poderosa economía basada en el perfeccionamiento técnico de su industria con los excedentes de la tierra. Sucedió también en la China postmaoísta cuyo cambio de liderazgo politico, interpretado como una revolución política al interior del régimen, permitió la progresiva y selectiva apertura de su economía al mercado mundial, privilegiando sin embargo el desarrollo nacional sobre la base de políticas económicas que se diferenciaron largamente de aquellas aplicadas en la rusa postsoviética.
En suma, nuevos actores políticos y sociales reorientaron la producción de sus países. Y todo ello fue posible gracias a una primera transformación política real y profunda, que pudo dar paso, luego, a la reinvención de la economía de esas naciones.
El Congreso Económico Nacional tiene, precisamente, ese doble propóposito, político (la reestructuración del poder político en el Perú) y económico (la reorganización de la producción). Si la modernización de la política y la economía es la preocupación del Ejecutivo y sus representantes en el Legislativo, habría que convenir que el Congreso Económico Nacional debió ser su proyecto y no otro.
Por todo ello cabe reiterar, porque el proyecto de la bicameralidad así lo revela y ratifica, la necesidad de debatir urgentemente la línea política del Aprismo en el seno de un congreso nacional verdaderamente democrático y plural.
La actualización del Aprismo es indudablemente un imperativo histórico, pero esa tarea no puede llevarse a cabo con un partido secuestrado por una oficialidad que se niega rotundamente, y en todos los idiomas, a convocar un congreso nacional ideológico y programático. Tampoco puede llevarse a cabo a remolque de los acontecimientos políticos, de las opiniones que sobre el particular manifiestan aisladamente los líderes del Aprismo, o de las inocuas o pasadistas iniciativas de una célula parlamentaria evidentemente congelada en el tiempo y conspicua representante de una clase política obsoleta.
Boston, 4 de junio del 2007
marcoludmila@msn.com
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