Desafiliación a los Fondos Privados de Pensiones: (O de como tirar al niño de la bañera porque el agua está fría)
El presidente Alan García ha propuesto al Congreso de la República la libre desafiliación de los trabajadores a los Fondos Privados de Pensiones. En otras palabras, ha propuesto afectar los recursos financieros nacionales de instituciones que, reorganizadas en su administración y bien dirigidas hacia un plan estratégico de desarrollo, tienen el enorme potencial de crear un mercado de capitales en un país sediento de inversiones. Es decir, esa iniciativa busca tirar al niño de la bañera porque el agua está fría.
En efecto, la gran mayoría de los peruanos son concientes de la urgente necesidad de contar con capitales que permitan, por lo menos, sentar las bases para un desarrollo sostenido. Esa realidad ha sido confirmada en un reciente estudio económico que ha cuantificado el déficit de infraestructura básica del país US$ 18 mil millones (o lo que tendría que gastar el país en los próximos 10 años en los sectores de transporte, agua y saneamiento, energía y telecomunicaciones, de los cuales el 71% corresponde a provincias fuera de Lima).
A ese panorama debemos añadir el desventajoso perfil económico del Perú. Ni primario ni manufacturero, ni fundamentalmente una economía de enclave (aunque ciertas inversiones internacionales en el sector primario fueron colocadas en los países del grupo andino para la compra de propiedades mineras), ni esencialmente manufacturero industrial. En los últimos años se está organizando en el país y en la región una economía terciaria dependiente del capital internacional y sin retorno significativo o reproductivo de inversión, que sin embargo está sufriendo una disminución que coincide con la desaceleración de la venta de empresas públicas latinoamericanas, con el período propiamente de inversión extranjera en cumplimiento de las condiciones de venta de las empresas, y con el dominio transnacional, especialmente español y norteamericanano, del sector finanzas, dirigido precisamente hacia la búsqueda de más mercados de servicios.
En ese contexto, que añadido a las negativas tendencias de las inversiones internacionales (volúmen y productivas) en la región, el servicio de la deuda externa y la transferencia de las utilidades producto de las inversiones internacionales, no es de extrañar la imposibilidad del Perú de promover establemente patrones de acumulación de capital y de ahorro interno y por ello resulta vital para el país buscar o crear vetas de inyección de capital.
Sin embargo el Presidente García parece ser que ha privilegiado una oferta electoral sin considerar el panorama de ausencia endémica de capitales que afecta al país, con una iniciativa que busca, quiero entenderlo así, terminar con la gestión abusiva de algunos (o todos) los fondos privados de pensiones (un problema de gobierno de esas instituciones que bien puede resolverse con su reorganización administrativa), pero cuya aplicación afectaría los únicos recursos financieros nacionales disponibles que, reitero y subrayo, bien dirigidos pueden ser orientados ventajosamente al mercado nacional para cubrir las necesidades urgentes del país.
Porque si los fondos privados de pensiones, luego de su necesaria reorganización, tuvieran a su disposición un plan estratégico de desarrollo, vale decir un Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el estado peruano sobre la base de un profundo estudio técnico que descubra actividades industriales competitivas, esos recursos serían reorientados hacia proyectos que indudablemente permitirán la reconversión industrial y agraria y el desarrollo ordenado y planificado del país. Porque si esos mismos recursos financieros, que provienen del esfuerzo de los trabajadores del Perú, tuvieran la posibilidad de ser colocados en proyectos visionarios de integración energética como la asociación de intereses peruanos y bolivianos en el gas natural (13 trillones de pies cúbicos en Camisea y 55 trillones de pies cúbicos en Bolivia), nadie en su sano juicio propondría la liquidación de los ingresos financieros de los fondos privados de pensiones.
Esta propuesta del presidente García también demuestra que es preciso, urgente, indispensable articular iniciativas de esta naturaleza a un proyecto nacional moderno, a una propuesta realista de desarrollo y transformación económica estructural; pero, seamos enfáticos en esto, integradas esta y otras iniciativas de carácter estratégico a un programa político.
Porque para reorientar debidamente los recursos de los trabajadores depositados en los fondos privados de pensiones no solamente es preciso un Plan Nacional de Desarrollo eleborado por el estado. También es preciso reconstruir, primero, el estado peruano que vote un plan de esa naturaleza. Es decir, otorgarle ante todo legitimidad al estado para constituir un nuevo consenso nacional sobre la base de las instituciones gremiales, empresariales, sociales y civiles del país; en otras palabras, las fuerzas productivas de la nación, que representadas en un nuevo pacto social con autoridad política para recomponer la economía, darían gobernabilidad al Perú. Y ello nos lleva, nuevamente, a otra propuesta que resulta fundamental para el país. Me estoy refiriendo, claro está, a la imperiosa necesidad de reestructurar el poder politico y la producción a través de una nueva organización representativa que no es otra que el Congreso Económico Nacional.
En una secuencia lógica de propuestas realmente apristas situadas popularmente en un contexto histórico diferente y moderno, es decir un nuevo estado representado por las fuerzas productivas, un Congreso Económico Nacional, un Plan de Desarrollo Nacional votado por ese congreso y fondos nacionales de pensiones reorganizados y con planes estratégicos de desarrollo nacional elaborados por un nuevo estado peruano, la propuesta del presidente García no tendría sentido sino que además colisionaría abiertamente con el programa político del APRA
Boston, 13 de agosto del 2006
El presidente Alan García ha propuesto al Congreso de la República la libre desafiliación de los trabajadores a los Fondos Privados de Pensiones. En otras palabras, ha propuesto afectar los recursos financieros nacionales de instituciones que, reorganizadas en su administración y bien dirigidas hacia un plan estratégico de desarrollo, tienen el enorme potencial de crear un mercado de capitales en un país sediento de inversiones. Es decir, esa iniciativa busca tirar al niño de la bañera porque el agua está fría.
En efecto, la gran mayoría de los peruanos son concientes de la urgente necesidad de contar con capitales que permitan, por lo menos, sentar las bases para un desarrollo sostenido. Esa realidad ha sido confirmada en un reciente estudio económico que ha cuantificado el déficit de infraestructura básica del país US$ 18 mil millones (o lo que tendría que gastar el país en los próximos 10 años en los sectores de transporte, agua y saneamiento, energía y telecomunicaciones, de los cuales el 71% corresponde a provincias fuera de Lima).
A ese panorama debemos añadir el desventajoso perfil económico del Perú. Ni primario ni manufacturero, ni fundamentalmente una economía de enclave (aunque ciertas inversiones internacionales en el sector primario fueron colocadas en los países del grupo andino para la compra de propiedades mineras), ni esencialmente manufacturero industrial. En los últimos años se está organizando en el país y en la región una economía terciaria dependiente del capital internacional y sin retorno significativo o reproductivo de inversión, que sin embargo está sufriendo una disminución que coincide con la desaceleración de la venta de empresas públicas latinoamericanas, con el período propiamente de inversión extranjera en cumplimiento de las condiciones de venta de las empresas, y con el dominio transnacional, especialmente español y norteamericanano, del sector finanzas, dirigido precisamente hacia la búsqueda de más mercados de servicios.
En ese contexto, que añadido a las negativas tendencias de las inversiones internacionales (volúmen y productivas) en la región, el servicio de la deuda externa y la transferencia de las utilidades producto de las inversiones internacionales, no es de extrañar la imposibilidad del Perú de promover establemente patrones de acumulación de capital y de ahorro interno y por ello resulta vital para el país buscar o crear vetas de inyección de capital.
Sin embargo el Presidente García parece ser que ha privilegiado una oferta electoral sin considerar el panorama de ausencia endémica de capitales que afecta al país, con una iniciativa que busca, quiero entenderlo así, terminar con la gestión abusiva de algunos (o todos) los fondos privados de pensiones (un problema de gobierno de esas instituciones que bien puede resolverse con su reorganización administrativa), pero cuya aplicación afectaría los únicos recursos financieros nacionales disponibles que, reitero y subrayo, bien dirigidos pueden ser orientados ventajosamente al mercado nacional para cubrir las necesidades urgentes del país.
Porque si los fondos privados de pensiones, luego de su necesaria reorganización, tuvieran a su disposición un plan estratégico de desarrollo, vale decir un Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el estado peruano sobre la base de un profundo estudio técnico que descubra actividades industriales competitivas, esos recursos serían reorientados hacia proyectos que indudablemente permitirán la reconversión industrial y agraria y el desarrollo ordenado y planificado del país. Porque si esos mismos recursos financieros, que provienen del esfuerzo de los trabajadores del Perú, tuvieran la posibilidad de ser colocados en proyectos visionarios de integración energética como la asociación de intereses peruanos y bolivianos en el gas natural (13 trillones de pies cúbicos en Camisea y 55 trillones de pies cúbicos en Bolivia), nadie en su sano juicio propondría la liquidación de los ingresos financieros de los fondos privados de pensiones.
Esta propuesta del presidente García también demuestra que es preciso, urgente, indispensable articular iniciativas de esta naturaleza a un proyecto nacional moderno, a una propuesta realista de desarrollo y transformación económica estructural; pero, seamos enfáticos en esto, integradas esta y otras iniciativas de carácter estratégico a un programa político.
Porque para reorientar debidamente los recursos de los trabajadores depositados en los fondos privados de pensiones no solamente es preciso un Plan Nacional de Desarrollo eleborado por el estado. También es preciso reconstruir, primero, el estado peruano que vote un plan de esa naturaleza. Es decir, otorgarle ante todo legitimidad al estado para constituir un nuevo consenso nacional sobre la base de las instituciones gremiales, empresariales, sociales y civiles del país; en otras palabras, las fuerzas productivas de la nación, que representadas en un nuevo pacto social con autoridad política para recomponer la economía, darían gobernabilidad al Perú. Y ello nos lleva, nuevamente, a otra propuesta que resulta fundamental para el país. Me estoy refiriendo, claro está, a la imperiosa necesidad de reestructurar el poder politico y la producción a través de una nueva organización representativa que no es otra que el Congreso Económico Nacional.
En una secuencia lógica de propuestas realmente apristas situadas popularmente en un contexto histórico diferente y moderno, es decir un nuevo estado representado por las fuerzas productivas, un Congreso Económico Nacional, un Plan de Desarrollo Nacional votado por ese congreso y fondos nacionales de pensiones reorganizados y con planes estratégicos de desarrollo nacional elaborados por un nuevo estado peruano, la propuesta del presidente García no tendría sentido sino que además colisionaría abiertamente con el programa político del APRA
Boston, 13 de agosto del 2006
