Por Marco Antonio Flores Villanueva,
desde Boston, USA

El debate en torno al voto facultativo ha despertado interés en el país. Al interior del partido esa iniciativa ha sido propuesta por el congresista Aurelio Pastor Valdivieso y ha merecido la oposición de Javier Barreda en un reciente e interesante artículo.

Pues bien, llama profundamente la atención la posición asumida por el Aprismo, manifestada en las opiniones, respetables por cierto, de los compañeros Pastor y Barreda. El primero por acción y el segundo por omisión. Me explico:

Existen, congresista Pastor, poderosas razones para oponerse al voto facultativo en un país como el Perú, con una democracia débil y un alarmante nivel de pobreza. Precisamente Arend Lijhart en un interesante artículo titulado “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma”, publicado en la revista American Science Review, volúmen 91, número 1 de Marzo de 1997, se ha referido a tres razones fundamentales que ligados a estas dos características del Perú de hoy, es decir débil democracia y alarmante pobreza, se asocian para enervar la iniciativa del voto facultativo. La primera de ellas es que los que concurrirán a votar serán aquellos que tienen más educación y, por tanto, están más interesados en la política. Afirma Lijhart, con fundamento, que ello no solamente creará una nueva y odiosa desigualdad sino que además constituye un factor discriminatorio porque en este específico caso la educación se convierte en un elemento condicionante para ser ciudadano, tal como lo fue la propiedad en el siglo XIX. En segundo término está el factor dinero. Con el voto facultativo aquellos candidatos que cuenten con mayor poder económico se encontrarán en mejores condiciones que sus rivales para movilizar a los ciudadanos y llevarlos a las urnas. En un país tan pauperizado como el Perú en el que las necesidades básicas no han sido cubiertas, una retribución económica para conseguir el voto del ciudadano no constituye un panorama irreal sino peligrosamente cierto y perfectamente posible. Recuérdese en este punto como hace unos meses atrás en el distrito de La Victoria elementos antisociales fueron “contratados” por inescrupulosos para asesinar y matar por la posición de un miserable mercado. La suma que se les pagó fue de 10 soles, el precio de su pobreza y su desesperación por una retribución inmediata, evidentemente. Finalmente, la consagración del voto voluntario llevaría a la población a privilegiar las campañas políticas que enfatizan más el elemento “derecho” más que el elemento “obligación”. En un país políticamente convulsionado como el Perú, urgido de ayuda, de solidaridad, de participación, es decir de todas esas iniciativas que solamente pueden ser convocadas hoy a través de una acción coercitiva, el énfasis en los derechos de un ciudadano –y no en las obligaciones que son pocas- representarán un incentivo para el debilitamiento de la escasa autoridad a duras penas constituída o la indeferente actitud ante las dificultades comunes que afectan a la nación.

Pobreza y débiles democracias son un contexto en los que no se asienta el voto facultativo. Las democracias más avanzadas que lo han consagrado son precisamente las democracias que gozan de estabilidad económica, lo que ha permitido a sus ciudadanos superar la pobreza y vivir en una sociedad que les ofrece los recursos necesarios para crecer económicamente, socialmente y culturalmente. Y sin embargo en esas sociedades boyantes se incentiva a los ciudadanos a concurrir a las urnas, mediante campañas publicitarias pagadas unas por el estado y otras por los propios ciudadanos que son, además, aquellos que las promueven.

Todo esto y más, como veremos líneas abajo y que considero lo esencial, no ha sido ponderado por el congresista Pastor al presentar su iniciativa.

Y en cuanto a lo expresado por Javier Barreda, difícilmente podríamos oponernos a sus argumentos. El problema está en aquello que NO ha dicho, y en ello peca al igual que el congresista Pastor, sintomáticamente ambos militantes del Partido del Pueblo.

Y me refería a la militancia política de ambos personajes porque desde 1931 el APRA tiene pergeñada una propuesta que constituye la panacéa a un problema más profundo y que hoy se pretende resolver apoyando o no el voto facultativo, defendiendo u oponiéndose al voto obligatorio.

Ambas propuestas parten de una misma lógica que debería ser superada, y cuanto antes mejor. El tema de la representación no sera resuelto con el sancionatorio ausentismo destinado a penalizar el negativo accionar de la decrépita clase política peruana, o con el mecánico sufragio efectivo para fortalecer un sistema de representación que ha dejado de expresar la realidad política del Perú. Reducir, otra vez, el problema de nuestra democracia a una ilógica consagrada en los números es reincidir en una solución que se limita a cuantificar las posibilidades de la representación ciudadana antes que focalizar en la calidad de democracia que queremos construir, léase una diferente a la que actualmente sufrimos.

No se trata pues de llevar de las narices al ciudadano para que vote como un autómata, sí o sí, por un sistema representativo que no lo convence, ni de ofrecerle a la clase política la oportunidad de rasgarse las vestituras ante una iniciativa “anárquica” que buscaría “terminar con la democracia”, como consecuencia directa del numérico ausentismo en las urnas. Ambas soluciones conceptuan al ciudadano como un guarismo en la estadística y la legitimidad como un producto de ella. Ambas soluciones limitan la participación del ciudadano común al sufragio efectivo y al poder de la democracia en el número de los votos.

De lo que se trata entonces es de ofrecerle al ciudadano un sistema de representación diferente, que le permita convertirse en protagonista del drama político no solamente a través del sufragio sino también mediante una democracia cualitativamente más efectiva y verdaderamente legítima que lo convoque, sí, pero además lo integre a la vida política nacional.

En ese sentido, no se explica el limitado razonamiento del congresista Pastor y de su ocasional oponente Barreda, ambos militantes del APRA, si desde 1931 el Partido del Pueblo tiene la herramientas programáticas para resolver el problema de la representatividad política que vive el país y que no pasa por la consagración o no del voto obligatorio o facultativo. Pasa, señores Pastor y Barreda, por la reestructuración del poder político en el Perú.

El APRA ha propuesto desde su fundación la necesidad de abordar el problema de la representación política en términos cualitativos. El Partido del Pueblo, desde sus inicios, ha sugerido por ello la constitución de un Congreso Económico Nacional, no solamente para convocar en un foro deliberante y, subrayo, decisorio a los vastos sectores de la sociedad civil que hoy carecen de representación en la vida nacional (sindicatos, universidades, colegios profesionales y organizaciones populares, entre otros), reestructurando así el poder político en el Perú, hoy en manos de una clase política incapaz y desprestigiada, sino también para que, desde esa nueva, vigoroza y auténtica legitimidad política que garantice estabilidad, reorganizar la producción bajo la égida de un programa social de desarrollo, común y concertado con todas las fuerza productivas del país.

Por ello sorprende ingratamente que el voto facultativo suscite en los apristas un innecesario debate, inocuo para el problema que pretende resolver que es el tema profundo de la representación política en el país.

Consecuentemente, las iniciativas parlamentarias del partido en torno a la reforma constitucional deberían estar precedidas por la propuesta urgente destinada a reestructurar el poder político en el Perú a través de la constitución del Congreso Económico Nacional.

Por lo demás, auspiciar en el parlamento esa iniciativa real de cambio político sería la mejor prueba que el Aprismo actua consecuentemente con su propuesta de un Frente Social, hasta hoy relegada en sus propósitos a un triunfo electoral pero que no garantiza cambios en la estructura de poder en la escena política nacional.

Boston, 13 de marzo del 2005