La verdad de las mentiras:Respuesta al congresista Mauricio Mulder
por Marco Antonio Flores Villanueva,desde Boston, USA
En un sorprendente artículo publicado el día 4 del actual en el diario “Correo”, el congresista Mauricio Mulder se ha referido a la actualidad del Partido Aprista Peruano -institucion política a la que pertenezco-, con ocasión de los 77 años de su creación.
Pues bien, sobre el particular conviene aclarar, muy en primer término, que el congresista Mauricio Mulder expresa con su opinión interesada una visión muy personal y sesgada de la actualidad del partido y, en segundo término, lo hace desde una precaria posición que lamentablemente se contradice con los estatutos y reglamentos del PAP, es decir con la institucionalidad democrática del partido de Haya de la Torre.
En efecto, en cuanto a lo primero, el PAP, bajo la dirección de sus actuales dirigentes, y en oposición a lo que afirma el congresista Mauricio Mulder, está muy lejos de representar un movimiento político civilizado y moderno y en cuyo seno la práctica del debate alturado y la tolerancia de opiniones constituya la regla y no la excepción.
El propio congresista Mauricio Mulder es un patente ejemplo de ésta negativa proclividad en el Aprismo proalanista. Ejerciendo un poder que ha dejado de responder al mandato expreso de los militantes del APRA, lo que hace írrito todos sus pronunciamientos, hace poco el congresista Mulder se lanzó a una casería de brujas ordenada desde Palacio de Gobierno para finalmente defenestrar, con el uso vitando de la fuerza, a un dirigente que incurrió en el pecado de reinvindicar la Constitución de 1979, es decir la Constitución de Haya de la Torre.
Por ello llama profundamente la atención el artículo del congresista Mulder, que confirma, una vez, la distancia entre las palabras y los hechos y reitera con su cinismo la consuetudinaria actitud de los principales dirigentes del PAP de encubrir la verdad recurriendo a la frase y al slogan.
El principio de autoridad –congresista Mulder- es un elemento ausente en el liderazgo mendaz de las principales figuras del PAP. Porque aquello no puede ser reinvindicado con un artículo oportunista, falaz y surrealista publicado sin ningún escrúpulo en un medio local, sino con una ejecutoria permanente de respeto a la normatividad y a los más elementales principos democráticos que deben observarse en la conducción de un movimiento político.
Es este el precepto, el principio de autoridad –congresista Mulder- el que ha perdido sentido y vigencia en el Aprismo de hoy, arrinconado por los caprichos y la veleidosidad de sus dirigentes que conducen una organizacion política como si se tratara de un feudo.
No hay principio de autoridad cuando las decisiones trascendentales del partido descansan en la inspiración o el criterio de su líderes, prescindiendo o ignorando el sentir mayoritario de las bases. No hay principio de autoridad cuando el proceso de organización del partido, supuestamente democrático y participativo, es el producto de la voluntad impositiva de sus líderes, desconociéndose el derecho que le asiste a los afiliados al APRA a debatir libre y efectivamente el futuro político del colectivo que integran.
No hay principio de autoridad –congresista Mulder- cuando se prolonga arbitrariamente el mandato de las autoridades del partido, profanándose abiertamente las normatividad, la ley orgánica, el marco jurídico de una organización política que debería ser gobernada precisamente sobre la base de dichos preceptos legales.
No hay principio de autoridad –congresista Mulder- cuando con hipócrita flema se afirma defender los fueros de la democracia desde una curúl asalariada, pero se reprime al interior del partido al hombre común, al afiliado, al militante de base que discrepa abiertamente con la cuestionable conducción de la organización política a la que pertenece.
Porque no hay principio de autoridad cuando la férrea disciplina de un partido se funda grotescamente en la obsecuente sujeción de obedecer, administrándose así a una institución supuestamente democrática como una organización dotada de una legalidad propia, desvinculada de otros órdenes normativos superiores que han consagrado como derecho positivo libertades fundamentales que constituyen el marco jurídico inalienable de toda sociedad civilizada.
Y es por todo ello, y porque nos asiste el derecho y la razón que resulta imposible –y lo subrayo- imposible reinvindicar al interior de un partido vergonzosamente secuestrado por su ilegal dirigencia, es que debemos afirmar públicamente y sin ambages nuestro total desconocimiento a la supuesta autoridad de esa dirigencia nacional encabezada por el congresista Mauricio Mulder y nuestra abierta desobediencia a los acuerdos o iniciativas que adopten en el ejercicio ilegal, antiestatutario y prepotente de sus “cargos políticos”.
Desde Platón, nos enseñó Haya de la Torre en sus recordados coloquios, la historia de las ideas políticas no ha enmudecido en lo que respecta al derecho natural que consagra la libertad de no guardar obediencia a una autoridad despótica. Pasando por Mangoldo de Lautenbach con sus escritos que datan de 1083 o sus imprecaciones contra el abuso del poder político y el derecho de resistir; o la actitud maximalista de Juan de Salisbury que conceptuaba tirano a todo aquel que infringiera el derecho natural, el rechazo a la obediencia absoluta constituye una actitud racional éticamente justificada. Incluso el pensamiento meditado y cristiano de Santo Tomás aconseja, en principio, que el pueblo debe obedecer a la autoridad, pero distingue sabiamente el dominico entre la oboedientia discreta, la obediencia crítica, y la oboedientia indiscreta, la obediencia ciega y mecánica.
Después de la muerte de Haya, y por acción directa del alanismo que apaña y representa el congresista Mauricio Mulder, la disciplina aprista sufrió una burda y lamentable deformación, alejándose del espíritu espartaco que la vinculaba con el cuidado y cultivo de la salud física, o divorciándose de los principios de la ética incaica o las lecciones de orden que conducían a los afiliados al Partido del Pueblo hacia la superación personal, el amor por la lectura, las artes y las letras, el respeto por la ciencia, hasta la asimilación de normas mínimas de comportamiento, empezando por asuntos tan domésticos como la puntualidad.
Hoy, la nueva “disciplina aprista”, incentivada por el yugo de una dirigencia desacreditada y corrompida, es un concepto interesadamente degenerado que más se acerca a una ilota sujeción obsecuente, servil y sumisa de quien la abraza, que a una positiva actitud hacia la vida que propenda a la dignificación, progreso y perfeccionamiento del individuo.
Todo esto ha sido sustituido por una obediencia indiscreta, alentado por un evidente espíritu totalitario, por una docilidad insana, por una raida sumisión que busca uniformar criterios o imponer voluntades, ora con el uso de la fuerza o la represión, ora con la subasta o la compra-venta de compromisos o lealtades, ora con el ofrecimiento o la promesa infame de un puesto de trabajo en la administración pública.
Bajo el oprobio de esa institucionalidad falaz el debate al interior del Partido del Pueblo es una practica democrática que ha sido desterrada de su seno.
No existe –congresista Maurico Mulder- un ágora auspiciada por la dirigencia nacional que ventile con largueza y generosa amplitud los temas trascendentales del Aprismo y del país, o que sirva como fuero transparente para someter a los líderes al contralor de los afiliados.
Mientras el orden jurídico que organiza una sociedad civilizada crea los medios y garantiza a los ciudadanos el derecho de interpelar libremente a sus gobernantes, el PAP se substrae de esa legalidad resignándo a sus afiliados a una organización obscurantista, primitiva o tribal, divorciada de los más elementales procedimientos que permiten una mínima supervisión de la conducta de sus líderes.
Contrastando dramáticamente con el uso de herramientas de control democrático a las autoridades civiles, como el impeachment al Presidente de la República, o la censura que ejerce el parlamento para despedir a los ministros, todo ello bajo la lupa de la opinión pública, en el PAP –congresista Mauricio Mulder- está proscrita esa libertad. Es más, se reprime abiertamente con la amenaza o la prepotente materialización de la expulsión a todo aquél que interpela o cuestiona a sus autoridades, especialmente a aquellos que hemos cuestionado abiertamente la reaccionaria línea política adoptada por el gobierno del presidente Alan García Pérez.
Esta nueva experiencia de prorrogar ilegalmente en sus cargos a la alta dirigencia del PAP ha vuelto a poner sobre la mesa del escrutinio público ya no el autoritarismo sino el absolutismo y la soberbia que caracteriza a la dirección del Aprismo, al punto de colocar a su supuesto “secretario general”, el congresista Mauricio Mulder, en una privilegiada posición que lo substrae de toda censura terrenal, de toda interpelación que parte de cualquier mortal, por su ilegal entornillamiento en un en un cargo político que ya dejó de ejercer de acuerdo a los estatutos del PAP.
Lo que nos recuerda el argumento soberano del rey Enrique IV, cuando decía en una carta escrita en 1076 al papa impugnador Gregorio VII “has puesto incluso la mano sobre mí, yo que aún cuando indigno entre los cristianos he sido ungido como rey, yo que solo puedo ser juzgado por Dios y que no puedo ser depuesto por ningún crimen, a menos que -Dios no lo permita- me aparte de la fe”.
Hoy los “dioses del Olimpo” parecen haber fijado residencia en Alfonso Ugarte. Y desde la nube gris de sus cómodas curúles que juraron reciclar por tercios con una oferta política que, estaba cantado, jamás cumplirían, tienen la osadía de dirigirse públicamente y por escrito a quienes tenemos todo el derecho de señalarlos con nuestro dedo acusador, no solamente por la usurpación de los cargos que ostentan sin ningún fundamento legal, sino también por su espantosa traición a los principios fundamentales del Aprismo que surgió, por iniciativa de Víctor Raúl, no para enriquecer más a la plutocracia del Perú sino para rescatar del abandono y la miseria a los que menos tienen.
5 de setiembre del 2007
Respuesta al reciente Mensaje a la Nación delPresidente Constitucional del Perú, Doctor Alan García Pérez, por Marco Antonio Flores Villanueva, desde Boston, Estados Unidos de América.Texto completo del mensaje en formato PDF. Bajar el documento aqui:http://pueblocontinente.com/respuesta_flores.pdf
Respuesta al reciente Mensaje a la Nación delPresidente Constitucional del Perú,Doctor Alan García Pérez, por Marco Antonio Flores Villanueva, desde Boston, Estados Unidos de América
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VIDEO No. 1
Agosto del 2007
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VIDEO No.2
Agosto del 2007
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VIDEO No.3
Agosto del 2007
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VIDEO No.4
Agosto del 2007
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VIDEO No.5
Agosto del 2007
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VIDEO No. 8
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VIDEO No.9
TLC: Normatividad laboral y medidas urgentes
Por Marco Antonio Flores Villanueva,
desde Boston, USA
A menos de 15 días para finalizar el mes de junio, fecha en que expirará el denominado “fast-track authority” de que goza el presidente de los Estados Unidos George W. Bush, lo que le permite negociar tratados comerciales con la aprobación sin enmiendas de esos acuerdos por el Senado, el controvertido Tratado de Libre Comercio con el Perú no ha sido aún aprobado por la cámara alta del gran país del norte.
Desde la elección de un congreso mayoritariamente demócrata en la últimas justas de noviembre, las posibilidades del gobierno Perú de ver aprobados los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos se vieron significativamente reducidas. Ya en la campaña previa a esa elección los candidatos del Partido Demócrata, casi unánimente, mostraron su disposición de oponerse a la aprobación de nuevos tratados de libre comercio.
El mayor reparo de lo congresitas demócratas, presionados por su amplia e influyente plataforma sindical, descansaría en el sistema de condiciones y compromisos laborales que, a criterio de los demócratas, deberían ajustarse a los standares internacionales; mientras los republicanos exigen al país contratante únicamente el cumplimiento estricto de sus leyes laborales vigentes.
Si lo primero, es decir la propuesta demócrata, el perjudicado sería el Perú, porque las disputas por el incumplimiento de los standares laborales internacionales se tendrían que contraer necesariamente a los acuerdos que tengan suscritos los países contratantes con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero resulta que los Estados Unidos -como lo han reconocido recientemente dos renombrados especialistas americanos en la materia, Stuart E. Eizenstat y Marney L. Cheek (*) -, no ha suscrito importantes convenios de la OIT que consagran derechos sociales fundamentales de la clase trabajadora y por lo tanto, legalmente, no está obligado a cumplir con esas normas internacionales.
Si lo segundo, es decir la propuesta republicana, el Perú tendría lógicamente que adaptar sus normas laborales a un mercado internacional que le exige, a criterio de los standares impuestos por los Estados Unidos alrededor del globo, mayor flexibilidad en su normatividad, léase menos derechos laborales para los trabajadores del Perú.
Por ello llama profundamente la atención, primero, que el Ministerio de Trabajo de la administración Garcia no haya puesto reparos en este aspecto de la normatividad laboral del TLC, tan significativo para el futuro y la supervivencia de la clase trabajadora del país y sus derechos sociales inalienables.
Y segundo, que la administración García se haya limitado a anunciar al país, con un pragmatismo ignorante e indolente, que si el TLC no funciona para el Perú el país simplemente se sustraerá de sus alcances. Como si aquello fuera así de fácil, sin recibir sanciones comerciales y cargar luego con los millones de perdedores por ese “error de cálculo” que serán, en su gran mayoría, no cabe la menor duda, los pobres del Perú
Por lo demás, y vale señalarlo, éste es un acuerdo comercial que desde sus orígenes ha pecado y mortalmente. Porque el Perú acudió no solamente disminuído sino también improvisadamente a la mesa de negociaciones del TLC, urgidos por los términos. Y, además, con el agravante de no haber diseñado una agenda común con los países andinos sobre la base, primero, de planes estratégicos de integración comercial y la armonización de políticas económicas consensuadas, iniciativas que debieron materializarse antes de iniciarse esa negociación. Y concurrir a la negociación del TLC sin un proyecto nacional y un mapa económico de las necesidades urgentes del país bajo el brazo, resulta por lo demás absolutamente monstruoso, irresponsable, antitécnico y aventurero. Una negociación que, en fin, también resultó escandalosa (recuérdese el “negociador” peruano que terminó siendo contratado por una corporación americana).
A estas alturas ya resulta difícil, pero no imposible, la aprobación del TLC por el Senado de los Estados Unidos. La cámara alta del país del norte se encuentra muy ocupada con la reforma de la controvertida Ley de Inmigración y la presión de la opinión pública americana, profundamente dividida, en torno a ese proyecto de ley.
Pero si ello ocurriera, si el TLC se aprueba, la clase laboral del Perú se verá gravemente afectada en sus derechos laborales y no podrá esperanzarse a un angustioso y desorganizado retroceso de la administración García.
Lo que la clase trabajadora necesitará, en ese hipotético escenario de aplicación del TLC, es de la urgente constitución de un organismo centralizador, que dicte políticas económicas nacionales y concertadas destinadas a enfrentar con criterio técnico las graves distorsiones de la economía nacional que podrían derivarse del TLC.
Y otra razón más que justificada para exigir al señor García y a la clase política del país no un congreso bicameral que ofrezca nuevos puestos de “trabajo” a la obsoleta e improvisada clase política del país, sino un Congreso Económico Nacional que, para el caso que nos ocupa, se convertirá en una garantía de salvaguarda de los interes nacionales y los derechos inalienables de la clase trabajadora del Perú.
Boston, 16 de junio del 2007
marcoludmila@msn.com
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(*) Stuart E. Eizenstat y Marney L. Cheek: “Ending the Trade War in Washington”, en Foreign Affairs, May-June 2007.
¿Bicameralidad o Congreso Económico Nacional? ¿Democracia Republicana o Funcional?
Por Marco Antonio Flores Villanueva,
Hace unas semanas la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, presidida por Aurelio Pastor, aprobó el proyecto inocuo y republicano de la bicameralidad, o el retorno de la Cámara de Senadores, con el respaldo de los legisladores apristas integrantes de esa comisión, quienes han anunciado, con sus públicas declaraciones en torno a ese proyecto y recogidas por la prensa del país, el inicio de la “modernización política” del estado (?).
La propuesta no resulta sorprendente para quienes militamos en el APRA, porque reitera, una vez más, lo que hemos venido señalando una y otra vez, es decir, primero, que la dirección política del partido se encuentra totalmente divorciada de los orígenes históricos del APRA, como un movimiento llamado a restructurar el poder político del país; y, segundo, que los líderes apristas representantes del congreso nacional y voceros del Ejecutivo y su presidente, se encuentran absolutamente desinformados del proceso político inicial que permitió a otros países del orbe a alcanzar, luego, el desarrollo económico y el bienestar de sus pueblos.
En cuanto al primer punto, resulta necesario, otra vez, reiterar argumentos pretéritos para recordar a la Célula Parlamentaria (¿Aprista?) que el proyecto de bicameralidad es ajeno a los orígenes y las propuestas políticas del APRA. Nuestro proyecto fue y ha sido el de modernizar la política peruana, lo que implica necesariamente su reestructuración a través de la incorporación de vastos sectores de la sociedad a las tareas del estado.
Ese propósito no se ha logrado en casi 186 años de vida republicana ni se logrará mediante la democracia liberal y exclusiva de los partidos políticos, falaz y excluyente, con o sin Senado, sino mediante un nuevo tipo de democracia funcional, participativa y plural, enunciada por Haya de la Torre como un nuevo poder político. Me estoy refiriendo concretamente al Congreso Económico Nacional. Ese es el “abc” del Aprismo de ayer y también de hoy, de cara al problema al tema de la modernización del estado.
Lo contrario sería suscribir otras posiciones políticas que se alejan de los principios transformadores del Aprismo.
Recordemos, por ejemplo, las proyectos de “modernización” desde las “derechas” del Perú que, inclusive, se autodenominaban “democracias funcionales”. Así, García Calderón en 1907, se había referido a la necesidad de constituir una “cámara funcional”. Luego, en 1915 Riva-Aguero (durante su período liberal) y su Partido Nacional Democrático lo plantea nuevamente en su declaración de principios. Y en materia constitucional, no olvide el lector que la carta de 1920 consagra un Consejo de Estado con la participación de organismos técnicos y representaciones sociales con criterio “funcional”. Como se recordará Leguía dejó sin efecto esa norma.
Posteriormente, y a raíz de la convocatoria para el debate de la Constitución del 1931, la Comisión Villarán contempló la creación de un “Senado Regional” “alejado (según Basadre, miembro de esa comisión) de las intrigas políticas”.
Durante ese debate constitucional Víctor Andrés Belaunde lanzó la idea de un “Senado Funcional”, incorporado al texto constitucional, en contra de la tésis aprista de un “Estado Funcional Integral” (ver “Diario de Debates”, o “El Debate Constitucional” de V.A. Belaunde, o “Izquierda Aprista” de Manuel Seoane).
Sobre el particular el “cachorro” Seoane fue enfático y señaló, para el récord histórico e ilustración de la actual CPA, lo siguiente: “Tenemos que estar en contra de un senado funcional porque estamos a favor del régimen funcional integral”. Seoane conceptuaba el Congreso Económico Nacional como una propuesta de cambio social a través de la reestructuración y redimensionamiento del poder político en el Perú, con la participación y el concierto de las fuerzas productoras del país.
En 1962 el APRA presentó por primera vez un nuevo proyecto de CEN como “organismo consultivo”, independiente de los poderes del estado. Pero entendámonos: Es 1962, una realidad política y social que se diferencia sustancialmente de la crisis de representatividad y legitimidad política que enfrenta y continua agobiando al Perú del 2007, con una clase política desbordada por otros actores sociales que reclaman, con derecho, el lugar que no les ofrece, porque los excluye, la falaz democracia liberal de los partidos políticos.
17 años más tarde fue el propio Haya de la Torre, al final de su vida, como presidente de la Asamblea Constituyente de 1979 y preocupado por la crisis de representatividad del país, quien propuso la inclusión del Congreso Económico Nacional en la carta magna que se debatía entonces, iniciativa que se vió frustrada por la alianza contranatura de la derecha peruana con el comunisno criollo.
De modo que, en lo político, y sobre la base del análisis histórico reseñado líneas arriba, podemos concluir que el proyecto de la bicameralidad prueba, una vez más, el proceso de reorientación programática que, interesadamente, viene siendo conducida por la oficialidad del Aprismo, rendidos a los parámetros liberales que han frustrado en el ascenso de nuevas fuerzas sociales y la transformación real del poder político en el Perú.
Y en cuanto a lo segundo, experiencias pretéritas importantes y señeras en la historia universal han confirmado que ningún país que haya alcanzado su desarrollo lo hizo a través de su clase política tradicional. Todos ellos experimentaron primero una verdadera y profunda transformación política antes de iniciar su despegue económico. No al revés.
Y todos ellos fundaron su desarrollo sobre la base de nuevos sistemas organizativos institucionales, abiertos y verdaderamente democráticos, con la efectiva participación ciudadana en el planeamiento de políticas públicas consensuadas que beneficiaron a todos los sectores y a la nación en su conjunto. Lo hizo la Inglaterra preindustrial y alumbró al mundo la primera democracia organizativa, con un parlamento que generó nuevas ideas y que produjo una revolución técnica y económica de la mano con su pueblo y sin parangón en la historia universal. Ocurrió en los Estados Unidos, cuya clase política construyó también un sistema institucional plural, que protegió sin privilegios ni prebendas la iniciativa privada, lo que permitió la emergencia de una poderosa economía basada en el perfeccionamiento técnico de su industria con los excedentes de la tierra. Sucedió también en la China postmaoísta cuyo cambio de liderazgo politico, interpretado como una revolución política al interior del régimen, permitió la progresiva y selectiva apertura de su economía al mercado mundial, privilegiando sin embargo el desarrollo nacional sobre la base de políticas económicas que se diferenciaron largamente de aquellas aplicadas en la rusa postsoviética.
En suma, nuevos actores políticos y sociales reorientaron la producción de sus países. Y todo ello fue posible gracias a una primera transformación política real y profunda, que pudo dar paso, luego, a la reinvención de la economía de esas naciones.
El Congreso Económico Nacional tiene, precisamente, ese doble propóposito, político (la reestructuración del poder político en el Perú) y económico (la reorganización de la producción). Si la modernización de la política y la economía es la preocupación del Ejecutivo y sus representantes en el Legislativo, habría que convenir que el Congreso Económico Nacional debió ser su proyecto y no otro.
Por todo ello cabe reiterar, porque el proyecto de la bicameralidad así lo revela y ratifica, la necesidad de debatir urgentemente la línea política del Aprismo en el seno de un congreso nacional verdaderamente democrático y plural.
La actualización del Aprismo es indudablemente un imperativo histórico, pero esa tarea no puede llevarse a cabo con un partido secuestrado por una oficialidad que se niega rotundamente, y en todos los idiomas, a convocar un congreso nacional ideológico y programático. Tampoco puede llevarse a cabo a remolque de los acontecimientos políticos, de las opiniones que sobre el particular manifiestan aisladamente los líderes del Aprismo, o de las inocuas o pasadistas iniciativas de una célula parlamentaria evidentemente congelada en el tiempo y conspicua representante de una clase política obsoleta.
Boston, 4 de junio del 2007
marcoludmila@msn.com
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Desafiliación a los Fondos Privados de Pensiones: (O de como tirar al niño de la bañera porque el agua está fría)
El presidente Alan García ha propuesto al Congreso de la República la libre desafiliación de los trabajadores a los Fondos Privados de Pensiones. En otras palabras, ha propuesto afectar los recursos financieros nacionales de instituciones que, reorganizadas en su administración y bien dirigidas hacia un plan estratégico de desarrollo, tienen el enorme potencial de crear un mercado de capitales en un país sediento de inversiones. Es decir, esa iniciativa busca tirar al niño de la bañera porque el agua está fría.
En efecto, la gran mayoría de los peruanos son concientes de la urgente necesidad de contar con capitales que permitan, por lo menos, sentar las bases para un desarrollo sostenido. Esa realidad ha sido confirmada en un reciente estudio económico que ha cuantificado el déficit de infraestructura básica del país US$ 18 mil millones (o lo que tendría que gastar el país en los próximos 10 años en los sectores de transporte, agua y saneamiento, energía y telecomunicaciones, de los cuales el 71% corresponde a provincias fuera de Lima).
A ese panorama debemos añadir el desventajoso perfil económico del Perú. Ni primario ni manufacturero, ni fundamentalmente una economía de enclave (aunque ciertas inversiones internacionales en el sector primario fueron colocadas en los países del grupo andino para la compra de propiedades mineras), ni esencialmente manufacturero industrial. En los últimos años se está organizando en el país y en la región una economía terciaria dependiente del capital internacional y sin retorno significativo o reproductivo de inversión, que sin embargo está sufriendo una disminución que coincide con la desaceleración de la venta de empresas públicas latinoamericanas, con el período propiamente de inversión extranjera en cumplimiento de las condiciones de venta de las empresas, y con el dominio transnacional, especialmente español y norteamericanano, del sector finanzas, dirigido precisamente hacia la búsqueda de más mercados de servicios.
En ese contexto, que añadido a las negativas tendencias de las inversiones internacionales (volúmen y productivas) en la región, el servicio de la deuda externa y la transferencia de las utilidades producto de las inversiones internacionales, no es de extrañar la imposibilidad del Perú de promover establemente patrones de acumulación de capital y de ahorro interno y por ello resulta vital para el país buscar o crear vetas de inyección de capital.
Sin embargo el Presidente García parece ser que ha privilegiado una oferta electoral sin considerar el panorama de ausencia endémica de capitales que afecta al país, con una iniciativa que busca, quiero entenderlo así, terminar con la gestión abusiva de algunos (o todos) los fondos privados de pensiones (un problema de gobierno de esas instituciones que bien puede resolverse con su reorganización administrativa), pero cuya aplicación afectaría los únicos recursos financieros nacionales disponibles que, reitero y subrayo, bien dirigidos pueden ser orientados ventajosamente al mercado nacional para cubrir las necesidades urgentes del país.
Porque si los fondos privados de pensiones, luego de su necesaria reorganización, tuvieran a su disposición un plan estratégico de desarrollo, vale decir un Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el estado peruano sobre la base de un profundo estudio técnico que descubra actividades industriales competitivas, esos recursos serían reorientados hacia proyectos que indudablemente permitirán la reconversión industrial y agraria y el desarrollo ordenado y planificado del país. Porque si esos mismos recursos financieros, que provienen del esfuerzo de los trabajadores del Perú, tuvieran la posibilidad de ser colocados en proyectos visionarios de integración energética como la asociación de intereses peruanos y bolivianos en el gas natural (13 trillones de pies cúbicos en Camisea y 55 trillones de pies cúbicos en Bolivia), nadie en su sano juicio propondría la liquidación de los ingresos financieros de los fondos privados de pensiones.
Esta propuesta del presidente García también demuestra que es preciso, urgente, indispensable articular iniciativas de esta naturaleza a un proyecto nacional moderno, a una propuesta realista de desarrollo y transformación económica estructural; pero, seamos enfáticos en esto, integradas esta y otras iniciativas de carácter estratégico a un programa político.
Porque para reorientar debidamente los recursos de los trabajadores depositados en los fondos privados de pensiones no solamente es preciso un Plan Nacional de Desarrollo eleborado por el estado. También es preciso reconstruir, primero, el estado peruano que vote un plan de esa naturaleza. Es decir, otorgarle ante todo legitimidad al estado para constituir un nuevo consenso nacional sobre la base de las instituciones gremiales, empresariales, sociales y civiles del país; en otras palabras, las fuerzas productivas de la nación, que representadas en un nuevo pacto social con autoridad política para recomponer la economía, darían gobernabilidad al Perú. Y ello nos lleva, nuevamente, a otra propuesta que resulta fundamental para el país. Me estoy refiriendo, claro está, a la imperiosa necesidad de reestructurar el poder politico y la producción a través de una nueva organización representativa que no es otra que el Congreso Económico Nacional.
En una secuencia lógica de propuestas realmente apristas situadas popularmente en un contexto histórico diferente y moderno, es decir un nuevo estado representado por las fuerzas productivas, un Congreso Económico Nacional, un Plan de Desarrollo Nacional votado por ese congreso y fondos nacionales de pensiones reorganizados y con planes estratégicos de desarrollo nacional elaborados por un nuevo estado peruano, la propuesta del presidente García no tendría sentido sino que además colisionaría abiertamente con el programa político del APRA
Boston, 13 de agosto del 2006
Perú: Estrategia de desarrollo para un mapa político urgente
A punto de iniciarse una nueva administración, el Perú tiene el desafío formidable de superar la pobreza, crecer rápidamente y, al mismo tiempo, hacer viable la gobernabilidad.
Esa triple tarea histórica no podrá ser realizada con la urgencia que la hora política requiere, ni con los escasos recursos financieros con que cuenta el país. Porque las reformas estructurales, que son necesarias para desarrollar el Perú, precisan de tiempo para su implementación (vale decir, estabilidad política) y de dinero (inversiones y gasto público) para su materialización, y ambos elementos no estarán a la mano de la nueva administración que se constituirá este 28 de julio.
Políticamente el sur andino no puede esperar, ni ser limitado a un insuficiente gasto social, asistencialista y episódico. Y los preocupantes anuncios de una oposición a ultranza son un claro indicativo que todo programa social destinado a aliviar a los menos favorecidos chocará con la impaciencia promovida por sectores radicalizados del expectro político nacional. En ese clima de incertidumbre, de inestabilidad política y social y de previsible violencia, el riesgo-país aumentará y el Perú no será favorecido por los inversionistas.
Por ello, el nuevo mapa político del Perú1 necesita de un plan de emergencia que debe ser político y económico, inmediato y estructural, que produzca rápidamente trabajo, aumente el PBI per cápita de la población, disminuya drásticamente la desigualdad social y no pierda de vista el desarrollo del país, estableciendo al mismo tiempo las bases del crecimiento sostenido y garantizando el fortalecimiento de la economía nacional y su inserción en los mercados internacionales con mayor competitividad.
La única manera de lograr estos objetivos es orientando los recursos financieros del país hacia la superación definitiva de su brecha en infraestructura básica.
Desde Angus Madison y su portentoso libro Monitoring the World Economy: A Millennial Perspective, 1820-19922, hasta William J. Berstein, en su celebrado libro The Birth of Plenty: How the Prosperity of the Modern World was Created (The MacGraw-Hill Companies, Inc., 2004)3, todos los estudios económicos han ponderado la necesidad primera de invertir y potenciar la infraestructura básica para alcanzar la prosperidad de las naciones.
Sin infraestructura física, sin más y mejores caminos, puertos, aeropuertos, sin una mayor y mejor transmisión y distribución de la energía eléctrica y sin el desarrollo de las telecomunicaciones, ningún país puede aspirar a pasar de la barbarie a la civilización, de la pobreza extrema a la prosperidad, de la inestabilidad política a la gobernabilidad.
Ese es un paso necesario que debe darse ahora en el Perú, no solamente por constituir una condición insoslayable para el crecimiento económico y para el futuro de su democracia, sino también porque ese proceso formidable de gastar en ingeniería para el desarrollo ofrece simultáneamente la oportunidad de dar más trabajo a los peruanos en proyectos nacionales que aumentarán sus ingresos, reducirán sus desigualdades sociales y traerá al país mayor estabilidad política. “Ese conjunto de inversiones –ha ratificado un estudio de Calderón y Serven (2004)- permitirá movilizar recursos internos del Perú, creando fuentes de trabajo, atrayendo inversiones complementarias y desarrollando el mercado de capitales, beneficiando así a todos los peruanos”.
En un reciente y enjundioso estudio publicado el pasado año por el Banco Mundial, Infraestructura en América Latina y el Caribe: Tendencias recientes y retos principales (2005)4, y cuya autoría corresponde a Marianne Fay y Mary Morison, se ha destacado precisamente la importancia que tiene para los países en desarrollo la inversión en infraestructura básica, como factor decisivo para la aceleración de sus economías, de su productividad y competitividad y para producir, al mismo tiempo, trabajo y disminuir dramáticamente las desigualdad social.
Sin embargo en la actualidad la región gasta menos del 2% del PBI en infraestructura (1.7% menos de lo que gastaba entre 1980 a 1985) y ello explicaría la efervecencia política que vive el continente, a pesar de sus cifras macro económicas que no se traducen en beneficios tangibles para la población, lo que pone en riesgo el sistema democrático y los logros alcanzados por los programas de estabilización económica.
Fay y Morrison han señalado, por ello, que mejorar la infraestructura es un gasto estratégico imperativo que debe afrontar la región y han precisado, además, cifras y posibles beneficios. Así, mejorar la infraestructura de la región al nivel de Corea “produciría un aumento del PBI per cápita de 1.4% a 1.8% anual y reduciría la desigualdad en 10% ó 20%”. Pero para ello se requeriría, sin embargo, de un aumento significativo del gasto en infraestructura, es decir 6% del PBI, y durante un largo período: 20 años.
Ambas cifras parecen significativamente arduas para la economía del Perú y para su nuevo mapa político, impaciente, encrespado y amenazante.
En efecto, el déficit en infraestructura básica del Perú asciendería a la suma de US$ 18 mil millones o lo que tendría que gastar el país en los próximos 10 años en los sectores de transporte, agua y saneamiento, energía y telecomunicaciones, de los cuales el 71% corresponde a provincias fuera de Lima (IPE y ADEPSEP, 2003)5. Sin embargo, entre 1980 al 2002, el país ha gastado un promedio de 1.5% en infraestructura, por debajo del promedio de Chile (4%) y uno de los más bajos de la región (Easterley y Serven, 2003).
Según un estudio de Calderón y Serven (2004), para mantener las actuales tasas de crecimiento el Perú debería invertir entre el 3% ó 4% del PBI en infraestrutura en los próximos 20 años, es decir, apunta ese estudio, 3 veces más de lo que ha hecho en los últimos 5 años. Y más adelante añade, refiriéndose a la localización que deberían tener esos recursos –localización que coincide con las zonas consideradas prioritarias por el nuevo mapa político del Perú, constituído el 4 de junio último-, que “esas inversiones deben focalizarse en las regiones geográficas menos centrales, en los grupos socioeconómicos menos favorecidos y en los sectores más relegados, en particular agua y transporte”.
El Perú debe gastar de inmediato en infraestructura física si quiere sobrevivir políticamente y si desea enrumbarse hacia el desarrollo. Es decir, la urgencia de la hora política nos está devolviendo al camino que debimos transitar desde un comienzo para superar la pobreza y alcanzar la prosperidad, como lo hicieron otras naciones del mundo.
Se ha hablado de la reasignación y reorientación de los recursos del estado para enfrentar esa y otras urgencias, como educación (uno de los pilares fundamentales de la competitividad), vivienda, salud e investigación científica. Pero ello requiere, más que un recorte de asignaciones o su mejor distribución, una dramática y, por cierto, necesaria reingeniería del aparato estatal cuya materialización demandaría, sin embargo, un esfuerzo de largo aliento, incompatible como solución única y, sobre todo, inmediata para la hora política que vive el país y para el futuro de su gobernabilidad.
Se ha dicho también que el contexto internacional es el mejor para una nueva administración que quiere llevar a cabo cambios profundos en el país. Pero ya el Banco Mundial ha anunciado las negativas perspectivas para el precio de nuestros minerales en los mercados internacionales, pues según esa institución el precio de esos productos caerá a partir del próximo año.
También se ha afirmado que el comercio internacional, aparentemente alentado con la firma del TLC, sería la panacea para la economía peruana. Pero lo ha dicho más de un especialista en el tema: El comercio internacional es solamente un aspecto del desarrollo. El otro es la competitividad y los precios de nuestros productos no podrán ser más competitivos que el de nuestros vecinos sin la adecuada infraestructura básica, que influye decididamente en los costos de producción, distribución y en el precio final de nuestros productos. Según el informe citado del Banco Mundial sobre infraestructura en la región, el costo de logística constituye solo el 10% del valor del producto en los países industrializados. Mientras que en Chile es de 15%, en el Perú alcanza el 34%.
El mismo informe indica que el interés del sector privado en infraestructura ha disminuído y que las privatizaciones son inmensamente impopulares en la región, cerrando así otros dos canales de financiamiento y captación inmediata de recursos que podían ser orientados a cubrir la brecha en infraestructura básica.
La solución entonces es adoptar una medida transcendental para el futuro del país, difícil en su realización pero que, en su momento, fue llevada a cabo con éxito por otros países como Bolivia y Polonia – casos paradigmáticos de esta experiencia que alcanzó a otros doce países del mundo- que enfrentaron crisis, distintas en su naturaleza, pero de similar urgencia, y con la ayuda de la comunidad financiera internacional recorientaron sus recursos gracias al éxito que alcanzó sus estrategias negociadas de cancelación o reducción de deuda externa.
Indudablemente la deuda externa, en el marco del nuevo y urgente mapa político del Perú, constituirá uno de los mayores obstáculos para la estabilización económica y para la gobernabilidad del país. El Perú tiene una deuda externa que ya alcanza la suma de US$24, 230 millones (MEF), lo que representa el 28% de nuestro PBI. El país paga a sus acreedores alrededor de US$1, 800 millones anuales, producto de la última renegociación de la deuda pública que, efectivamente, fue reducida pero significó también el aumento de la deuda privada debido a los préstamos de corto plazo que contrajeron los bancos comerciales.
En 1985 Bolivia enfrentaba una nueva crisis que hizo colapsar el programa de estabilización macroeconómica del presidente Paz Estenssoro. Esa crisis se produjo, principalmente, por la caída de los precios del estaño en los mercados internacionales, lo que tuvo como corolario la bancarrota del país, despidos masivos y la violenta protesta política en las calles. Luego de una leve estabilización los acreedores bolivianos solicitaron la reanudación del servicio de la deuda. Bolivia se opuso porque ello hubiera implicado una situación “políticamente explosiva y una carga socialmente inaceptable para los pobres de Bolivia, a través de futuros cortes en gastos del gobierno y aumento de los tributos (si estos fueran posibles de recaudar)” 6.
Luego de intensas negociaciones realizadas por un inteligente equipo económico encabezado por Jeffrey Sachs, la estrategia boliviana de cancelación de la deuda externa finalmente se impuso. “Fue un concepto radical –dice Sachs en su libro The End of Poverty- pero era la manera más prudente y realista de enfrentar las circunstancias económicas del país”7.
Desde entonces hasta el 2003 Bolivia pudo gastar un promedio de 6% en infraestructura, lo que permitió casi dieciocho años de estabilidad política, el más largo de la historia republicana de ese país, con un crecimiento económico modesto, es cierto, pero cuyas causas están relacionadas con otros factores como la falta de planificación, de previsión, las profundas divisones regionales (el occidente altiplánico y el oriente de los llanos) y también étnicas y, por supuesto, la radicalización de sectores políticos que terminaron por derrumbar de la gobernabilidad boliviana, la feroz protesta callejera y la emergencia de Evo Morales, a quien Humala piensa emular en el Perú en los próximos cinco años.
Pero Bolivia lo hizo y negoció la cancelación de su deuda externa con los organismos financieros internacionales, sobre la base de un concepto nacional que puso en la mesa de negociaciones con sus acreedores la urgencia política del país. Es decir, Bolivia sentó un precedente histórico.
El otro caso emblemático es Polonia. Salida del traumático enclaustramiento comunista y en la necesidad de enfrentar duras y sustanciales reformas económicas que podrían afectar su gobernabilidad y su naciente democracia, Polonia privilegió también su estabilidad política atendiendo el interés nacional. Para la administración de ese país europeo era muy claro, dice Sachs, que “las ganancias de (esas) reformas tenían que acumularse para el pueblo polaco, no para los acreedores internacionales de Polonia”. Blandiendo el London Agreement de 1953 que permitió a Alemania Federal conseguir de los aliados la sustancial reducción de su deuda contraída en la última preguerra mundial, la nueva administración polaca abrió con sólidos argumentos su estrategia negociada de cancelación de deuda externa, que terminó con la cancelación del 50% de esa obligación (alrededor de 15 billones de dólares).
Lo demás es historia conocida. Como lo señala Sachs, Polonia alcanzó un importante progreso que en el 2002 se tradujo en un aumento hasta del 50% en términos per cápita en comparación a 1990 (la más exitosa experiencia entre los países post comunistas de Europa del Este) y, en el 2004, Polonia pasó a ser parte de la Comunidad Económica Europea8.
El caso peruano también tiene argumentos para plantear una estrategia negociada de reducción o cancelación de deuda externa.
En primer término está la conservación de los pocos logros macroeconómicos alcanzados precisamente por el programa de estabilización económica, ahora en peligro por el inminente brote de la violencia política en el país producto de una anunciada oposición radical que, como la boliviana de Evo Morales que terminó con la gobernabilidad de casi 18 años del país del altiplano, acentuará con suma facilidad los límites y los evidentes fracasos de las reformas económicas y colocará al Perú al borde del abismo.
En efecto, para ofrecer algunas cifras sensibles para la población y para la gobernabilidad del país y que oscurecen totalmente el crecimiento económico alcanzado, cabe anotar que “el ingreso por persona en el Perú –la medida económica más básica del nivel de vida- está, hoy en día, casi al mismo nivel de hace 25 años. Esto constituye un fracaso económico de largo plazo extraordinario”9. Por ello Mark Weisbrot señala que “un fracaso de crecimiento y desarrollo de largo plazo de esta magnitud produce problemas económicos y sociales, incluyendo el desempleo y la pobreza, que no pueden ser resueltos con pocos años de crecimiento razonable”10.
Los indicadores corroborán, efectivamente, que si bien la pobreza disminuyó de 54.3% a 51.6% entre 2001 al 2004, la mayoría de la población vive aún por debajo de la línea oficial de pobreza. “En Lima y Callao donde viven 9 millones de personas (ó 32% de la población) la pobreza de hecho aumentó durante este período por casi 5 puntos porcentuales, de 31.8% a 36.6% de la población”, mientras que la tasa de desempleo aumentó a 10.5 %, si tenemos en cuenta que en el 2001 era de 7.8%.
Es decir, sin ayudas externas inmediatas que permitan al país satisfacer necesidades nacionales que no podrán ser satisfechas por un modelo económico evidentemente insuficiente o con beneficios económicos que no se traducen en un corto plazo (o no se traducirán jamás), el orden macroeconómico colapsará si cede a la enorme presión política por sus límites intrínsecos que han hecho que el programa no haya sido suficiente para mejorar el nivel de vida de los peruanos.
En segundo témino tenemos las negativas proyecciones para el próximo año de los precios de nuestros minerales en el mercado internacional, anunciadas por el Banco Mundial. Aunque la alarma no es tan grande como anuncian algunos especialistas, particularmente para el Perú debe ser motivo de preocupación. El sector minero representa la mayor parte del incremento de ingresos y exportaciones desde el 2001, cerca de US$6, 500 millones de un crecimiento total de US$ 10, 200 millones. El aumento en los ingresos del sector minero no obedeció a un incremento de la producción, sino al aumento de los precios de nuestros minerales en los mercados internacionales. Contra ese logro, condicionado por factores netamente externos, se alza un argumento aparentemente positivo: El superávit comercial ha sido de US$ 5, 200 millones (68% del PBI), sin embargo el superávit en cuenta corriente solamente llegó a US$1,030 millones o 1.4% del PBI debido, precisamente, al servicio de la deuda externa.
En tercer lugar figura los límites inmediatos de los acuerdos comerciales con los Estados Unidos, en términos de ampliación de mercados y divisas. El Perú deberá competir en condiciones totalmente dispares contra dos gigantes, China y México, que son los países que con sus productos actualmente dominan el mercado norteamericano. Además, estamos ingresando a una experiencia comercial que nos encuentra sensiblemente disminuídos en infraestructura física (transporte, puertos, aeropuertos, etc.) y social (principalmente educación) y las perspectivas comerciales del gran país del norte, pese al Tratado de Libre Comercio, apuntan a una disminución sustancial de sus importaciones.
En cuarto lugar, el Perú puede levantar otros dos argumentos contundentes para afirmar una estrategia de cancelación o sustancial reducción de la deuda externa, con el sano propósito de contar con recursos financieros inmediatos y orientarlos hacia la urgente satisfacción de las necesidades de su población, que ha expresado su radical protesta en la últimas elecciones de 4 de junio. Me estoy refiriendo a once años de terrorismo, de muerte y destrucción de infraestructura básica y el sólido argumento de la lucha y la superación inmediata, no diferida, de la pobreza, contra un posible y simpre latente rebrote del terrorismo en el país. Con una comunidad internacional particularmente sensible con el tema del terrorismo desde los luctuosos sucesos del 11 de setiembre del 2001, y con los países desarrollados focalizados en la orientación de sus recursos económicos en la lucha contra ese flagelo mundial, el Perú tiene que poner sobre una mesa de negociación de cancelación y reducción de deuda externa el antecedente sangriento de su propio drama, aún no superado del todo.
En quinto lugar, la geopolítica latinoamericana se muestra propicia para una estrategia peruana de cancelación o reducción de deuda externa. Los arrestos de Hugo Chávez en su propósito de construir en la región un bloque radicalmente duro antiamericano, colocan a la nueva administración del Perú a instalar este 28 de Julio en una posición ventajosa para ofrecer un nuevo liderazgo latinoamericano (junto con Chile, Argentina y Brasil), especialmente en el convulsionado sector andino, que ofrezca tranquilidad en la región y, así, recibir los réditos financieros de una diplomacia inteligente, moderada, integracionista, pero profundamente cooperativa con los Estados Unidos.
El Perú está en su hora decisiva. Un mapa político explosivo puede devolvernos a la ruta de la prosperidad y sentar las bases del desarrollo, primero, con la inversión en infraestructura, que dará de inmediato más trabajo a los peruanos y reducirá sustancialmente y en un corto plazo la desigualdad y la pobreza. Esa experiencia puede y debe ser acelerada, no olvidemos el mapa político del país surgido de las ánforas, con la cancelación o la sustancial reducción de su deuda externa para orientar esos recursos en gasto en infraestructura física y también social11 y, en el camino, aplacar una protesta política anunciada, cuyas consecuencias irán más allá de los efectos nacionales para trascender a la vida política y la gobernabilidad de la región.
La propuesta es radical pero razonable y cuenta además con antecedentes históricos que produjeron el progreso y la gobernabilidad de los países que se vieron beneficiados con la cancelación negociada de sus obligaciones con acreedores externos y la reorientación de esos recursos hacia la satisfacción de sus necesidades básicas.
El otro camino es la reiteración de políticas asistenciales, episódicas, motivadas por falta de realismo político y la magnificación de logros macroeconómicos limitados, que terminarán por sepultar la nueva e irrepetible oportunidad que nos ofrece un contexto político-económico nacional, regional e internacional, profundamente relacionado con nuestros temas históricos más urgentes pendientes de respuesta y que ahora reclaman una solución inmediata.
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1 De acuerdo con las cifras proporcionadas por la ONPE, al 99.992% de las actas excrutadas, al cierre de esta entrega (11 de junio del 2006) el candidato radical Ollanta Humala habría triunfado en 15 de los 25 departamentos del Perú (la mayoría del sur andino), con 6’269, 959 votos, apenas 694, 648 votos menos que el presidente electo, el socialdemócrata Alan García Pérez.
2 Agnus Maddison, The World Economy: A Millennial Perspective (Paris: OECD, 2001)
3 William Berstein, The Birth of Plenty: How the Prosperity of the Modern World was Created, The MacGraw-Hill Companies, Inc, 2004.
4 Banco Mundial: Unidad de Finanzas, Sector Privado e Infraestructura, Región de América Latina y el Caribe, Agosto del 2005.
5 Javier Coronado, editor, La Brecha en Infraestructura: Servicios Públicos, Productividad y Crecimiento en el Perú, Instituto Peruano de Economía (IPE) y la Asociación de Empresas Privadas de Servicio Públicos, (ADEPSEP). Lima, setiembre del 2003.
6 Jeffrey Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities for our Time, The Penguin Press, New York, 2005, p. 100.
7 Jeffrey Sachs, ob.cit., p. 101.
8 Jeffrey Sachs, ob. cit., p. 126-127.
9 Mark Weisbrot, Las Elecciones en el Perú: Contexto Económico, Center of Economic and Policy Research, Washington, 2006, www.cepr.net
10 Mark Weisbrot, ob. cit., www.cepr.net
11 Según datos proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto del sector educación representó solo el 1.40% del PBI en 2005, mientras el 2006 está proyectado a una cifra de 1.33% del PBI. El del sector Salud fue de 0.93% del PBI en el 2005 y se proyecta en 0.85% del PBI en este año. En cuanto a Vivienda, el presupuesto en ese sector representó 0.20% del PBI en el 2005 y para el 2006 el 0.22% del PBI. Mientras tanto en el 2005 el gasto para cubrir el servico de la deuda externa representó el 6.30% del PBI.
Tregua por el Perú
En el marco de unas elecciones limpias y democráticas, lo que confirma su indiscutible legitimidad, Alan García Pérez ha sido elegido nuevamente Presidente del Perú. Se abre así un nuevo capítulo en la historia del país y del Partido del Pueblo.
Ha sido este acto electoral una muestra de civilización y una afirmación del sistema democrático, imperfecto claro está, pero un valor cuya continuidad en el tiempo nos permitirá, con la ayuda del todopoderoso, perfeccionarlo y tal vez transformarlo hacia una democracia más participativa, más plural y más humana.
En ese sentido será necesario, importante, urgente leer con sabiduría las cifras que arroja esta jornada electoral que ya fenece. El sur andino del Perú lo está reclamando y con una clarísima señal que ojalá sea bien interpretada por las autoridades que conducirán el país a partir de este 28 de Julio.
En las primeras horas esta noche, luego de conocidos los resultados de los comicios, el presidente electo parece percibir esa urgencia y ha dado las primeras muestras de estár encaminado a satisfacer esa necesidad histórica.
Si ese es el proyecto y ese el propósito, una tregua resulta natural para que el nuevo gobierno dirija todas sus energias a materializar tan formidable objetivo, que constituye, en suma, la esperanza de la peruanidad y la tarea histórica del APRA.
Desde esta tribuna y a lo largo principalmente, de la primera vuelta electoral, he sido, con propuestas concretas, un constante crítico de muchas de las iniciativas de García y un duro censor de la dirigencia nacional del Partido del Pueblo. Pero esta noche se inicia un nuevo proyecto que quiere y debe ser nacional y lo maduro, lo responsable es crear las condiciones necesarias para que el proyecto sea exitoso, más allá de las discrepancias políticas, porque primero está el Perú y García ha dejado de ser desde esta noche el líder del partido para convertirse, por voluntad popular, en el presidente de todos los peruanos y el conductor de un país que está buscando desesperadamente la justicia social dentro de la libertad.
Macera dijo alguna vez que el Perú es abortivo, refiriéndose así a todos las cosas que no ocurrieron o que murieron a mitad de camino en esa historia frustrante que es la vida nacional. No podemos cometer los mismos errores y confirmar esa tendencia suicida de destruir promesas. Debemos contribuir a que ellas se cumplan y para ello es preciso orden y unidad. Por eso la tregua. La tregua primero entre apristas. Desde aquellos que formamos parte de los que luchan por la renovación del Aprismo hasta aquellos que nos combatieron.
Y desde esta noche esa tregua se inicia para mí y espero para todos los compañeros de la renovación aprista, pensando en la felicidad del Perú y en el futuro de nuestos hijos, ahora en manos de un presidente que ha sido elegido democráticamente.
Tengo además la esperanza que la dirigencia del partido sabrá interpretar esta posición y procederá a renovar sus autoridades democráticamente, para que el partido cumpla de la mejor manera y con la mayor independencia de sus autoridades gubernamentales, su vigilante papel de los actos de gobierno a partir de este 28 de Julio.
Que el Dios de nuestros padres y los manes de los hombres y mujeres que dieron su vida por el Perú, por Haya de la Torre y por la Alianza Popular Revolucionaria Americana nos iluminen y que la promesa de la vida peruana se haga realidad en cada rincón de la patria que amamos.
Boston, 4 de junio del 2006
Renovación Aprista en el banquillo: Cuando la judicialización de la política encubre liderazgos incompetentes
El día de ayer los apristas comprometidos con la renovación del partido en democracia, hemos recibido la noticia relativa a las denuncias presentadas contra la dirigencia del partido por la c. Angela Valdez.
Sobre el particular quisiera pronunciarme y sentar así mi posición en torno a los eventos de ayer, confirmando opiniones pretéritas, para intentar definir lo que, en mi opinión, debería ser la lucha por la renovación del Aprismo.
Todos los que nos encontramos comprometidos en este esfuerzo de democratizar al Aprismo estamos concientes de la importancia que tiene no solo para los apristas sino para el pueblo peruano el rescate moral e ideológico del APRA. Porque el Aprismo en definición, es pensamiento político y herramienta social de nuestros pueblos para alcanzar la justicia social con libertad, transformando primero la institucionalidad política para iniciar después el desarrollo económico de las naciones al sur del río grande. Y porque ningún partido político ha tenido más responsabilidad, más compromiso, más influencia en la historia del Perú y de la región que el Partido del Pueblo, fiel de la balanza en la política nacional y referente insoslayable de otros importantes movimientos políticos del continente.
Ese es el valor histórico y potencial del APRA y por ello se explica nuestra constante y vigilante preocupación por su completa actualización ideológica y por su pronta democratización y renovación como partido político de cara a los grandes desafíos de esta nueva centuria y, como no, en lucha contra la corrupción política.
Pero lo ocurrido el día de ayer constituye, en mi concepto, una equivocada percepción de las cosas, con una motivación que siendo altruista y explicable ha terminado en convertirse en vehículo de figuración individual, producto de ambiciones personales, impaciencias y falta de preparación política.
Porque más allá del valor específico que puedan tener los instrumentos presentados como prueba contra la dirigencia del partido, punto importante que está pendiente de ser ventilado ante autoridades competentes, está la forma, la manera en que han sido presentados ante la prensa nacional e internacional y el liderazgo político que trasunta semejante acción.
Lo que correspondía en este caso concreto era presentar esos instrumentos, aparentemente probatorios para sus accionantes, ante la fiscalía para que esa autoridad inicie una investigación penal. Concurrir al local político del humalismo que se encuentra en estos momentos compitiendo la presidencia de la república con el Partido del Pueblo para ofrecerle a ellos la oportunidad de denunciar a altos dirigentes del Aprismo en plena campaña electoral, constituye una torpeza que solamente puede ser explicada por la iniciativa solitaria de una militante que está buscando figuración personal y encumbramiento político sobre la base de un tema caro para muchos de nosotros como es la renovación y la lucha contra la corrupción política.
Por ello es evidente que antes que la reflexión plural y el trabajo en equipo se ha privilegiado la emoción traidora del momento político; antes que la consulta y el consejo de un colectivo que previamente debió ser organizado y debidamente constituído para tomar de ese grupo humano la mejor decisión, se prefirió la prisa, la improvisación y el juicio individual de un solo cuadro político, empeñado en aprovechar la circunstancia electoral para catapultarse ella políticamente. Antes que la estrategia inteligente, responsable y madura, consecuente con la hora política que vive la nación, se ha preferido el flash seductor de la fotografía y el exhibicionismo torpe detrás de un micrófono ofrecido complacientemente en otra casa política y no en los tribunales de las autoridades judiciales competentes, ágora natural para esta clase de denuncias.
Y la oportunidad no puedo ser peor. Porque los instrumentos exhibidos, más allá de su eficacia, lo reitero, figuran colgados en una página de Internet desde hace más de dos años (tal vez más) y recién ayer, a escasos cuatro días de las elecciones presidenciales, estos mismos instrumentos cobran inusitada importancia “estratégica” y “moral” precisamente para aquellos que se negaron antes a pasar de las palabras a los hechos y, consecuentes con su único discurso político que manejan, el moral, importante pero no el único, presentar las pruebas de sus acusaciones ante las autoridades penales competentes, antes de iniciarse la campaña electoral.
Como se sabe yo no auspicio la campaña de García. Pero tampoco apoyo al candidato Ollanta Humala. Ocurre que en una campaña electoral, especialmente como ésta, en la que es difícil otorgar credibilidad a las acusaciones que se cruzan ambos sectores políticos en conflicto, y en un contexto putrefacto como es la institucionalidad política del país, acostumbrada a la compra-venta de voluntades por la inmesa cantidad de execrables mercenarios que existen en el mercado, ansiosos todos ellos por recibir una misera quincena, resultaba absolutamente contraproducente presentarse en estos momentos y, lo que es peor, en la vereda del frente, en la otra barricada, tratando de reinvindicar moralmente al Aprismo con documentos que estaban hace un buen tiempo colgados en la Internet, esperando ser recogidos por quienes nada dijeron públicamente antes de la elección presidencial.
Y se ha preferido cruzar la vereda del frente, abrazando de paso la ideología política confusa y desubicada del humalismo, porque esa “renovación aprista” evidencia nuevamente otro de sus problemas más preocupantes. Me estoy refiriendo a su incapacidad de renovar el pensamiento político de Haya de la Torre en un nuevo contexto nacional e internacional, por la falta de preparación intelectual y de conocimiento de la realidad de nuestro tiempo. Esos “liderazgos” se han camuflado en la grita romántica del comité y en el slogan radical y efectista para encubrir su ausencia de análisis de un nuevo contexto mundial que está definiendo la vida nacional.
Por ello se explica la judicialización de la política en la estrategia de esta clase de liderazgos vacíos de ideas. Porque cuando la judicialización de la política se eleva al nivel de programa político desplazando totalmente al análisis de la realidad nacional e internacional -lo estamos viendo en la campaña electoral y lo vivimos cada día en la política nacional, y en el caso concreto de la problemática interna del partido con el desplazamiento, con el soslayo de la actualización ideológica de APRA y la necesidad perentoria y responsable de producir propuestas concretas-, cuando esto ocurre, cuando se privilegia el amarillaje político como estrategia más allá de la eficacia judicial de las pruebas (que sintomáticamente no son presentadas ante autoridades competentes), entonces se cometen los excesos, los errores lamentables en que ha incurrido una militante que precisamente no se destaca por su compromiso con el análisis político serio, equilibrado, moderno y sobre todo enterado.
Ese no es el liderazgo responsable que necesita la renovación aprista. Ese no es el liderazgo preparado políticamente que precisa la renovación aprista. Ese no es el liderazgo colegiado y organizado que requiere la renovación aprista. Ese es un liderazgo que reproduce los mismos errores, los mismos defectos de sus perseguidos, aquellos a quienes ellos acusan de falta de preparación política, de mendacidad, de intolerancia, sintomatología de cuadros políticos cuya ineficacia los lleva generalmente al lugar común y vitando de la falta de ideas y la corrupción.
Lo he dicho una y otra vez y con la autoridad que me ofrece el registro de lo defendido en mis entregas y artículos antes de cualquier campaña electoral y con la consecuencia con un ideal que va más allá del momento político que enfenta hoy la nación y el Partido del Pueblo: O la renovación aprista piensa primero el Perú y el mundo para luego existir, se organiza primero para luego actuar sobre la base de las ideas y el análisis del nuevo contexto que lo rodea, o recurre, como viene haciéndolo, al amarillaje y la judicialización mediocre de la política para convertirse en parte del problema y no en la solución responsable que demanda un liderazgo honestamente comprometido con el conocimiento, la preparación y la articulación de ideas concretas que nos permitan elevarnos de la episódica página policial y la mugre al brillo racional y maduro, propositivo y actualizado del pensamiento político.
Boston, primero de junio del 2006
¿Por qué ha fracasado la cúpula del PAP?
Precisiones en torno al 9 de abril (9/4)
A estas alturas del proceso de escrutinio que viene efectuando la ONPE, Alan García, de manera oscilante, viene aventajando a Lourdes Flores Nano y se proyectaría como el acompañante de Ollanta Humala para disputar una segunda vuelta electoral, posiblemente el 28 de mayo ó 4 de junio próximos.
Sobre el particular resulta necesario clarificar conceptos y significaciones que se derivan del aparente resultado de las elecciones, debido el absurdo e inexplicable triunfalismo que viene originando las cifras del 9/4 en la cúpula del PAP.
En primer término hay un evidente problema de aritmética elemental en la dirigencia del PAP. Porque hasta donde tenemos conocimiento 24.7% es menos que 30.9%. Esto significa que la cúpula del PAP no ganó las elecciones del último domingo. Se participa en una contienda electoral, y así lo expresaron los candidatos del PAP durante toda la campaña, para ganarla, no para quedar en un aparente e incómodo segundo lugar de las preferencias electorales, por debajo de un movimiento improvisado y llamado “facista” las 24 horas del día por la poderosa maquinaria que es la prensa nacional y peleando agónicamente el pase a la repesca con una derecha cavernaria y grotesca como lo es la derecha del Perú.
En segundo lugar, a estas horas del escrutinio de los votos por las listas al Congreso de la Républica el partido Uníon por el Perú estaría convirtiéndose en la primera fuerza política del país. Es decir, un movimiento que surgió de arreglos de última hora y del seno de una familia llamada “de locos” habría llevado al partido de Haya de la Torre al segundo lugar de las preferencias nacionales, por obra y gracia de la dirigencia del PAP.
En tercer lugar, ni el secretario general Jorge del Castillo ni el otro secretario general Mauricio Mulder figuran entre los candidatos más votados de Lima, léase entre los políticos más aceptados y reconocidos de la capital. En primer lugar está Keiko Sofía Fujimori, hija del sátrapa y dictador del gobierno más corrupto de la historia de la nación, hasta el momento con cerca de 70, 000 votos preferenciales. En segundo lugar se encuentra Carlos Bruce de las filas de un oficialismo que fue incapaz de inscribir candidato presidencial y que además no ha podido superar la valla electoral, motivo por el cual Bruce quedaría fuera de carrera, para alivio de más de un candidato del PAP al congreso. Y más atrás, muy atrás recién emerge con dificultad Mercedes Cabanillas, por encima de los dos secretarios generales del PAP. Y luego, todavía más atrás, figura Jorge del Castillo, siendo la suerte de Mauricio Mulder todavía una incógnita.
Esa es la triste realidad de los principales dirigentes del partido. Entonces ¿de qué se ufanan, señores dirigentes del PAP?
En cuarto lugar, el hecho de no haber ganado las elecciones del último domingo, exclusiva responsabilidad de la cúpula del PAP, estaría llevando al Partido del Pueblo a la ignominiosa posición de participar en una repesca que convertiría al movimiento fundado por Haya de la Torre, un político revolucionario que quiso cambiar el país, a convertirse en la única e inocultable opción de la derecha peruana, es decir la derecha más estúpida, corrupta y atrasada de toda la región.
Y por ello no dudamos ni por un momento que el señor Dionisio Romero, el señor Jaime de Althaus, los señores Miro Quesada del nefasto diario “El Comercio”, el señor Aldo Mariategui, el propio señor Woodman, los señores Picasso y, en general, toda la costra que representa a la derecha más rancia del país, apoyará económicamente y votará “antimperialistamente” por García en una eventual segunda vuelta. A esta vergonzosa situación ha llevado al APRA el liderazgo de los señores Alan García, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y toda la plana mayor del PAP.
Por ello el 10 de abril envié una carta abierta dirigida al presidente del partido, a los secretarios generales y al Comité Ejecutivo Nacional, exigiendo a todos ellos renuncien a sus cargos dirigenciales para iniciar de inmediato la urgente e impostergable renovación del partido de Haya de la Torre.
La dirigencia del PAP ha fracasado y debe ser removida. El 9/4 ha sido el último baldón, la última afrenta, el último oprobio inferido a la memoria inmortal de Víctor Raúl por una dirigencia incapaz que se aferra a su evidente fracaso.
12 de abril del 2006
“Se habla sólo Español”:
El pecado de no hablar Inglés
en el siglo de la Informática
Estados Unidos ha perdido cerca de un millón de puestos de trabajo del sector servicios que están siendo transferidos a otras latitudes del planeta por compañías transnacionales ¿La razón? Es la tercera revolución industrial, la era de la Informática que ha permitido que muchos trabajos sean susceptibles de ser ejecutados y transmitidos a través de la magia de la fibra óptica.
Esta nueva etapa del desarrollo de la humanidad esta llevando a transformar (no a deprimir) aceleradamente el mercado laboral en los Estados Unidos, con la reducción de los servicios de ejecución no personal, como las operaciones comerciales o las labores administrativas susceptibles de ser realizadas a distancia, y el auge probable de los servicios de ejecución personal, como por ejemplo la atención médica o la representación legal ante las cortes, cuya ejecución requiere contacto personalizado.
En efecto, en un brillante artículo publicado en el último número de la influyente revista especializada Foreign Affairs (ver Offshoring: The New Industrial Revolution?), Alan S. Blinder -profesor de Economía de la Universidad de Princeton y ex-integrante de the White House Council of Economic Advisers entre 1993 a 1994-, nos ofrece un nuevo panorama del futuro de la fuerza laboral en los Estados Unidos, con elocuentes estadísticas que revelan que la transferencia de puestos de trabajo en el sector servicios a otros países del globo será no solamente constante y sostenida sino además mayor en la próxima década.
Alan Blinder se refiere, por ejemplo, a los números proporcionados por Forrester Research, publicados hace unos años, que estimó esa transferencia en 3.3 millones los puestos de trabajo del sector servicios. Un estudio elaborado por Berkley en el año 2003 y otro reciente de McKinsey confirman esa tendencia y consideran que 11% de los puestos de trabajo en los Estados Unidos están en riesgo de ser tranferidos a otros países.
El artículo se ocupa de las consecuencias de este nuevo fenómeno en la economía americana y se sitúa en esa realidad. Pero ¿qué consecuencias tiene este fenómeno americano para los mercados laborales de otros países del orbe y, en especial, para los deprimidos mercados laborales de América Latina?
Muchas. Por lo pronto países como India e Irlanda están captando ese enorme número de puestos de trabajo sobre la base de una simple ventaja comparativa, que unida a previas transformaciones institucionales, están permitiendo el desarrollo acelerado de sus economías y su integración con el mundo. Esa ventaja comparativa es hablar, leer y escribir en el idioma Inglés.
China es otro importante receptor. Ha podido beneficiarse de esa fenómeno gracias a políticas de estado que hicieron prioritaria la enseñanza del idioma Inglés desde el tercer grado de educación y continúa descolgándose hacia grados iniciales. Lo mismo han hecho Japón, Corea del Sur y Malasia, Singapur, Tailandia y Hong Kong. Y en el hemisferio europeo lo están haciendo Polonia, República Checa y Rumania.
En la región Chile es el lider en la implementación de políticas de estado para la enseñanza del idioma Inglés, con un programa especial disciplinado y ambicioso que contempla inclusive la obligatoriedad de la prueba del KET (Key English Test), para todos sus estudiantes hacia el 2010. México está en la misma senda y también República Dominicana y Costa Rica.
Todos estos países, que no son anglo parlantes, son concientes del alivio que les significará para sus mercados laborales y para sus economías la captación de los puestos de trabajo que emigran, en cifras sin precedentes, del sector servicios americano. Y por ello sus gobiernos han hecho de la enseñanza del idioma Inglés un objetivo prioritario que se materializan con políticas públicas destinadas a convertir a sus pueblos en países bilingues, con el valor agregado que representa dominar la lengua franca del siglo XXI.
En el Perú no existe conciencia de esa necesidad histórica y se ignora, desde la oficialidad hasta la oposición política, el enorme potencial que se deriva de la trasnformación del mercado laboral americano. Porque ni el Ejecutivo ha implementado específicas políticas de estado que comprometan a las escuelas públicas con la enseñanza del Inglés, ni los candidatos presidenciales tienen debidamente analizado en sus planes de gobierno esa nueva realidad internacional y por ello no han priorizado seriamente en sus programas la enseñanza del Inglés en las escuelas públicas del Perú.
Se dirá que los costos para la implementación de esos programas sería el obstáculo. Pero el costo enorme de no implementarlos será previsiblemente mayor, porque nos llevaría simplemente a la insularidad económica y al divorcio con el resto del planeta. Es más, la urgencia del tema, por el dramático contexto internacional descrito en este artículo, debería hacer que consideremos el hablar, escribir y leer en Inglés no una ventaja comparativa sino una capacidad intrínseca a toda la población económicamente activa del Perú y la región. Una filosofía de esta magnitud podrá ser capaz de impulsar un proyecto nacional que cubra esa necesidad vital y que recibirá, estoy seguro, el apoyo financiero de entidades internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.
Mientras tanto la transferencia de los puestos de trabajo del sector servicios americano continúa, gracias al desarrollo de la informática que impulsa la tercera revolución industrial en el gran país del norte. Y a tal punto, dice Alan Blinder, que el número de puestos de trabajo susceptible de ser transferido por el desarrollo formidable de la tecnología es de dos o tres veces el total del número actual de puestos de trabajo del sector manufacturero americano (que es de alrededor de 14 millones). Es decir, estamos hablando de 28 o tal vez 42 millones de puestos de trabajo que serán transferidos de los Estados Unidos al mundo.
¿Qué estamos haciendo hoy para beneficiarnos de esas transferencias? Absolutamente nada. Porque el Perú ya ha cometido el grave pecado de no hablar Inglés en el siglo de la Informática.
Boston, 2 de marzo del 2006
marcoludmila@msn.com
La encrucijada de Alan García
Con la conferencia de prensa ofrecida por Alan García el día de ayer, se inicia una nueva etapa en la campaña electoral del ex-presidente. García ha reconocido implícitamente (por fin) los resultados que hasta el momento vienen arrojando las proyecciones de las encuestadoras. Primero lo hizo Lourdes Flores Nano, saludando el liderazgo de Ollanta Humala en esos sondeos de opinión. Y ahora García, que quiere enfrentar con más objetividad la campaña que está a punto de llegar a su fin, tal vez en primera vuelta con el triunfo categórico (y peligroso) de Humala.
¿Cuáles son las opciones que tiene García en un escenario probable, pero no seguro, de una segunda vuelta con Ollanta Humala? Dos:
La primera, convertirse nuevamente al Aprismo de Haya de la Torre y proponer, como lo hiciera el viejo líder del Apra hasta el final de sus días, una profunda reestructuración del poder político del país (¿Congreso Económico Nacional?). Ello le debe significar reconocer que su propuesta inicial de bajar los sueldos a la clase política no fue realista y suficiente para un electorado mayoritario que quiere cambiarlo todo, porque anda harto de la institucionalidad política que la agobia con sus yerros y la ofende con sus privilegios. En ese contexto García deberá convencer a la derecha y al pueblo radicalizado que es preferible llevar a cabo ese cambio profundo dentro de la libertad y con el Apra, que aventurarse a una constituyente humalista con evidente tufo chavista.
La segunda, convertirse García en el candidato de la derecha más rancia e inútil de la toda la región, limitándose a presentarse ante un electorado mayoritariamente hepático como el “defensor” de esta democracia republicana, falaz y mediocre de la que medra la clase política y la oligarquía del Perú. En ese caso será devorado por el humalismo y por la historia, con el aplauso calculado de Jorge del Castillo, el “delfín” de la derecha dentro del Aprismo.
Si lo primero, García, en lo doméstico, deberá dar un giro en sus relaciones al interior del Aprismo y alejarse prontamente de posiciones conservadoras, como la que representa precisamente Jorge del Castillo y sus huéstes, que evidentemente han minado y dañado el espíritu de transformación y cambio político que antaño caracterizaba las propuestas del Partido Aprista, propuestas responsables de un centro progresista y que hicieron del Apra, por muchos años, el más efectivo interprete de la inclusión política dentro de la libertad. Movida que también resultaría oportuna, para sancionar definitivamente la impericia culpable de un dirigente como Jorge del Castillo, que derechizó, feudalizó y acható el partido bajo su administración y que fue incapaz de hacer realidad, no lo olvidemos, esa hipérbole llamada Frente Social, perjudicando las posibilidades de García de llegar al poder.
Y en lo que se refiere a la campaña electoral, el problema de García será su falta de credibilidad, esa resistencia que tiene en el electorado porque “él ya fue”. En ese contexto, y en el supuesto de abrazar la causa de la reestructuración política, el guión sería bueno pero el actor el menos deseado. Ollanta aparece más comunicado que García ante los ojos del pueblo para llevar a cabo ese cambio, aunque en el camino se lleve de encuentro, mucho me temo, elementales derechos políticos y civiles.
García no tiene mucho que escoger. O intenta reencontrarse con la mayoría de los peruanos, los apristas de verdad y limpia la casa (del pueblo) ganando o perdiendo en primera o segunda vuelta, pero retomando las propuestas de profundas reformas políticas que hiciera Haya de la Torre, o se hunde para siempre porque será recordado como el patético candidato de la derecha más inmoral, más corrupta y estúpida que ha producido la región.
Boston, 21 de marzo del 2006
marcoludmila@msn.com
El Apra de hoy y el Aprismo
que necesitaremos mañana
Con las cifras reveladas la noche de ayer por la firma APOYO, a escasos quince días de los comicios, el futuro de Alan García, como candidato, y la dirigencia del partido, como responsable de la campaña electoral, se torna definitivamente oscuro.
La reiteración de un tercer puesto en las preferencias presidenciales a pocos días de la votación, cuando las encuestadoras sinceran sus cifras para defender prestigios, es la constante que se afirma. Ello debería ser para cualquier candidato y su plana mayor un insoslayable referente de la realidad. No ocurre eso con García y sus dirigentes, quienes tercamente confunden el panorama electoral del 2001 con el actual que tiene nombre propio, Ollanta Humala, y el mundo pequeño y privilegiado que los rodea con el nuevo contexto rebosado del Perú de hoy
Porque si a comienzos de la semana que pasó, durante una exitosa conferencia de prensa García finalmente parecía entender esa realidad que explotaba en su cara y en la cara de las autoridades del partido, es decir un evidente desborde popular en favor de trasnformaciones sustanciales en la estructura política del país, ni bien terminó de conversar con los periodistas García puso nuevamente pie firme en la campaña únicamente para repetir el mismo guión de inocuas reformas políticas que no funcionaron antes, porque lo llevaron al tercer lugar en las encuestas, y que no funcionarán hoy ni mañana, porque como antes y después lo estancan a la cola de los tres principales candidatos.
García hizo lo que temíamos: Se colgó desesperadamente de la propuesta republicana de más democracia falaz aliada a la oligarquía arrinconada por el probable triunfo de Humala y se olvidó, otra vez, de las raíces transformadoras del Aprismo histórico que siempre buscó, con Haya en vida, una nueva institucionalidad política comprometida con las grandes mayorías nacionales.
Y en todas las ciudades y pueblos del Perú se presentó García prometiendo la rebaja de sueldos para la clase política, pero no su completa renovación y la sustitución del sistema político que le da vida, la alimenta y la beneficia inmoralmente a los ojos de una ciudadanía hepática a la que se insiste tercamente en subestimar en sus fobias y en su hartazgo por la clase dirigente del país.
Y así, en todas esas presentaciones quiso García condenar a la clase política con una escopeta de dos cañones, y ahora también de perdigones, cuando él mismo y sobre todo su dirigencia nacional lamentablemente representan, para la mayoría del Perú, el activo y pasivo de una élite capitalina y regional que no quiso comprender, que no quiso entender que la renovación política era vital para el triunfo electoral del Partido del Pueblo.
Por eso, y no por otras razones, Ollanta Humala esta primero en las encuestas ¿Acaso es difícil entender esto que es tan objetivo? Para la clase política sí, le es muy difícil asimilar todo esto por razones muy personales: Por su intolerancia, por su mezquindad, por su abominable deseo de poder aunque este poder organizado ya resulta totalmente anacrónico, hediendo, irrespirable e insostenible. Y por esas “virtudes” personales de la vieja clase política del país que se aferra a sus privilegios, es que hemos llegado a esta situación extrema en la que el pueblo del Perú está prefiriendo jalar la llave del inodoro, aunque en el camino pierda sus derechos civiles y políticos.
Por ello, y ya mirando hacia el futuro posible que se nos acerca de manera “silenciosa”, con el mismo “silencio” con el que se acercaban las fuerzas chilenas a Lima durante la Guerra del Pacífico, mientras la plutocracia limeña, símil de la clase política del Perú de hoy, bailaba despreocupada en sus salones, se hace necesario preparar las bases de un cambio histórico en el viejo partido de Haya de la Torre, para que recobre la credibilidad que necesitará en la nueva etapa histórica, tumultuosa y beligerante, que se abrirá para el país si éste 9 de abril se confirma en las ánfóras lo que todos parecemos atisbar, menos la élite política del país.
Porque será ése un tiempo de pasiones, de grandes confusiones, de gran inestabilidad política que requerirá de la fuerza moral e irreprochable de nuevas voces sin pasado al interior del partido, para que tengan la autoridad moral de liderar al país hacia un centro progresista aliado con las grandes mayorías nacionales, dispuesta a transformar profundamente la institucionalidad política del país y llevar a cabo con responsabilidad las reformas económicas estructurales que requiere el Perú para superar la pobreza sin abdicar de su libertad.
Boston, 27 de marzo del 2006
marcoludmila@msn.com
Los “ingredientes” de la Prosperidad
En 1978 un brillante economista escocés llamado Angus Maddison inició sus investigaciones sobre el desarrollo económico del mundo, para luego alumbrar su portentoso libro Monitoring the World Economy: A Millennial Perspective, 1820-1992, un excelente documento que identifica al año 1820 como el inicio explosivo de la prosperidad económica del planeta, contrariando así investigaciones históricas que ponderaban ese proceso como un largo y contínuo desarrollo cuyo primer impulso se adentraba a los comienzos de la civilización.
En ese libro Maddison también se refirió brevemente a los “ingredientes” de esa súbita prosperidad, señalando como tales el progreso tecnológico, el desarrollo del comercio, las finanzas y el capital humano, así como la explotación de los recursos naturales. Nada espectacular como explicación de un fenómeno precipitado que, sin embargo, dividió la historia del crecimiento económico del mundo en un antes y después de 1820.
Años después William J. Berstein, en su celebrado libro The Birth of Plenty: How the Prosperity of the Modern World was Created (The MacGraw-Hill Companies, Inc., 2004), ha venido a reconsiderar, ordenar y confirmar, con un vistazo a la historia de naciones claves y paradigmáticas del progreso humano, los conceptos estructurales de Maddison que explican el inicio del crecimiento económico del mundo moderno y que garantizan su continuidad en el tiempo (lo que los economistas denominan “crecimiento sostenido”). Esos cuatro factores principales del progreso humano son: Derechos de propiedad, racionalismo científico, mercado de capitales y progreso en el transporte y las comunicaciones, vale decir infraestructura.
En un recorrido por la historia económica del mundo, Berstein corrobora la constante y persistente presencia de esos cuatro factores estructurales de la prosperidad. En el desarrollo formidable de las instituciones financieras de la Holanda del siglo XVI; en la posterior apropiación por la corte de Inglaterra de 1688 de esos mismos factores señeros del progreso humano, y que más tarde permitieron la primera revolución industrial; y en la emergencia vigorosa de las colonias de Nueva Inglaterra, más tarde los Estados Unidos de América, como corolario de la propagación de las instituciones legales, intelectuales y financieras de britania a la costa atlántica al norte del nuevo mundo.
También ha identificado Berstein un elemento condicional que definitivamente influye en el éxito de esta aventura que significa salir de la estagnación para pasar a la prosperidad: La convergencia, la reunión, la presencia de todos y cada uno de los cuatro factores, puntualmente referidos línas ut supra, para producir desarrollo humano. Soslayar uno de esos “ingredientes” de la prosperidad, dice Berstein, “hace peligrar el progreso económico y el bienestar humano; patear solamente uno de estas cuatro patas derribará la plataforma en la que descansa la riqueza de las naciones. Esto ocurrió en la Holanda del siglo XVIII con el bloqueo naval inglés, en los estados del mundo comunista con la pérdida de los derechos de propiedad y en muchos (de los estados) del Oriente Medio con la ausencia de mercados de capitales y del racionalismo occidental. Y lo más trágico de todo, en gran parte de Africa, donde los cuatro factores están esencialmente ausentes”.
Y hace apenas unos meses atrás Jeffrey Sachs nos ha recordado el descubrimiento de Maddison, la confirmación de Berstein y la importancia del desarrollo sostenido sobre la base de los cuatro “ingredientes” de la prosperidad y el desarrollo sostenido. En su interesante libro The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time (The Penguin Press, 2005), en 1820, dice Sachs, todas las regiones del planeta eran pobres. Desde aquel año hasta 1998 el producto nacional bruto per capita de los Estados Unidos creció a un porcentaje anual aproximado de 1.7 %, mientras el crecimiento de Africa por el mismo período fue de 0.7 % por año. Nótese que la diferencia entre ambos porcentajes no parece mucha, pero en un período largo los resultados son dramáticos y están a la vista de todos. Hoy día los Estados Unidos es la economía más rica del planeta, sin haber crecido 8% anualmente como sí lo hace China con grandes problemas de desigualdad, mientras Africa es un continente sin futuro y condenado a la pobreza. “La llave fue consistencia –dice Sachs- el hecho que los Estados Unidos mantuvo el mismo crecimiento por casi doscientos años”.
Mirando el caso peruano a través del lente acucioso de Maddison, Berstein y Sach, podemos descubrir que el Perú de hoy no está camino a la prosperidad. No hemos construido los cuatro pilares históricos del bienestar de las naciones, porque carecemos de una legislación y una institucionalidad judicial que garantice mínimamente los derechos de propiedad; porque continuamos subestimando e incluso despreciando el valor y la importancia de la educación pública y especializada, como lo ha ratificado The International Institute of Education en sus informes; porque invertimos menos de un tercio que Chile en investigación; porque tercamente nos aferramos al hipo de las exportaciones de productos primarios y no iniciamos las reformas económicas estructurales que permitan la diversificación de nuestra economía y el surgimiento de un mercado de capitales; y, finalmente, porque nuestro déficit en infraestructura básica, comparativamente, es en uno de los mayores de la región.
Un dato adicional: En todos los estudios de desarrollo económico el factor político es determinante para implementar los cuatro factores que permiten la prosperidad. Sin educación, uno de los “ingredientes” de la prosperidad de las naciones, no seremos capaces de producir una enterada y tecnificada élite política y empresarial que pueda ser internacionalmente competitiva y nos arranque de las fauces ignominiosas de la estagnación y la pobreza.
Un vistazo a la campaña electoral y ello nos relevará de cualquier argumento adicional para concluir que el Perú carece de esa clase dirigente y que el país necesita urgentemente implementar una profunda renovación política de carácter institucional, si no se quiere perecer a manos de la incompetencia y alejarse una vez más de los “ingredientes” que hicieron de otras naciones prósperas y pujantes economías. No olvidemos pues la lección que nos ofrece la historia económica del mundo.
Boston, 30 de marzo del 2006
marcoludmila@msn.com
